Hay una nueva grieta en el país. Es la que se abrió a partir de la cuarentena obligatoria y divide a los que no pueden trabajar por las limitaciones que impuso el aislamiento y los que siguen cumpliendo tareas porque son considerados “esenciales”. Y como las restricciones ya llevan casi cuatro meses, comienzan a marcarse las diferencias laborales y salariales de unos y otros: por ejemplo, mientras en las actividades paralizadas ni se habla de paritarias y el desafío más complejo para los sindicatos consiste en tratar de mantener el empleo, en las que siguen trabajando se están negociando aumentos o bonos que permiten postergar las discusiones de los convenios hasta que se normalice la economía.
Los Camioneros, el personal de supermercados, los trabajadores de la Alimentación, los telefónicos y los empleados de farmacias son algunos de los que están en negociaciones para recomponer sus salarios, pese a la generalizada caída de la actividad económica. Uno de los que picó en punta es el sindicato de los Moyano (Hugo y Pablo), que ya concretó de manera extraoficial su pedido a las cámaras: un bono de 10.000 pesos a cuenta de las paritarias, que comenzaron el 1° de julio.
Los empresarios les dijeron que no porque, según argumentaron, el transporte automotor de cargas, aunque está exceptuado de cumplir la cuarentena, no trabaja en los niveles normales y el 80% de las empresas son pymes que desde hace meses sobreviven gracias al programa ATP del Gobierno que les paga la mitad de los salarios a las firmas en crisis.
Los sindicalistas contrapropusieron que se pague una suma fija como adelanto del tradicional bono de fin de año. Hasta ahora la respuesta es negativa, aunque las conversaciones se mantienen y, según los empresarios, Hugo y Pablo Moyano “plantean sus reclamos con tranquilidad y con plena conciencia del delicado momento que se vive”.
Según la radiografía de las empresas del sector, están trabajando bien sólo algunas ramas de la logística, sobre todo las que tiene que ver con el comercio electrónico, además de las vinculadas con el campo, pero el resto está en retroceso: el transporte de alimentos bajó un 20%, el de aguas gaseosas un 28% y hay caídas más abruptas en rubros como construcción, petróleo y acero. Se estima que cerca del 30% del transporte de carga, en promedio, desapareció y se perdió definitivamente.
En las cámaras advirtieron a Infobae que, pese al fuerte impacto de la crisis en el transporte automotor de cargas, en abril pasado tuvieron que pagar un 10% de incremento salarial, que fue el segundo tramo del 26,5% pactado para cerrar la paritaria de 2019, y que acaban de pagar el aguinaldo, por lo que, dijeron, no tienen “mucho margen” para pagar un bono.
El panorama no es muy distinto en la Alimentación, en donde este lunes habrá otra reunión de empresarios y sindicalistas para intentar un acuerdo en las paritarias 2020. Luego del paro del 17 de junio por la falta de respuesta al reclamo de comenzar las negociaciones, el Ministerio de Trabajo declaró la conciliación obligatoria y así se reanudó el diálogo.
Ambas partes son optimistas respecto a la posibilidad de arribar a un acuerdo: se analiza pagar una suma fija no remunerativa de 8.000 pesos en cuatro cuotas, de mayo a agosto, como una forma de postergar las paritarias al menos hasta septiembre.
El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, dijo hace poco que, pese a que se trata de un sector esencial, hay plantas con apenas el 50% de actividad y destacó que “en esas mismas empresas o en otras, las líneas de producción están al 20 o 30%” e inclusive “algunas cierran porque no tienen volumen de producción. “La gente está consumiendo los productos esenciales, es decir, los de la canasta básica”, explicó.
En Comercio, el sindicato más numeroso de la Argentina, el 80% de los trabajadores (unos 800 mil) está sin tareas por la dura crisis del sector y suspendido a través de acuerdos pactados con los empleadores con el pago del 75% del sueldo neto. Los que sí están trabajando a pleno son los empleados de supermercados y mayoristas: por eso el sindicato que lidera Armando Cavalieri pidió la semana pasada a las cámaras un bono similar al que se pagó en abril, que fue de 5.000 pesos.
Desde el sector empresarial, los supermercados advirtieron que volvieron a registrar una caída en las ventas en términos interanuales y que el COVID-19 les incrementó fuertemente los costos que no pueden trasladar a los precios, por lo menos hasta fines de agosto. De acuerdo con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), las siete cadenas que más facturan tuvieron un incremento en sus costos de 9.700 millones de pesos entre el 16 de marzo y el 30 de junio, que supera el porcentaje de utilidad promedio que ha tenido el sector (entre 2% y 3 por ciento).
Otra negociación que aún está abierta es la de las farmacias, donde las últimas estimaciones registran una caída de alrededor del 45% de las ventas. En este sector se vienen pactando incrementos en las paritarias cada dos o tres meses, y el último fue otorgado en febrero. El Sindicato de Empleados de Farmacias, que encabeza Víctor Carricarte, mantiene reuniones cada 72 horas con los empresarios para pactar un aumento salarial: reclama un porcentaje equivalente a la inflación, pero aún no se ponen de acuerdo acerca de si la mejora debe comenzar en marzo o en abril.
El Sindicato de Empleados de Farmacia está negociando un aumento que tiene postergado desde marzoLos trabajadores telefónicos acaban de cerrar la paritaria 2019 con un aumento del 4% acordado con Telecom, Telefónica y Claro, que les permitió compensar la inflación del año pasado, según el titular de FOETRA, Osvaldo Iadarola. Este sector tiene la particularidad de que los sindicatos negocian desde una Mesa de Unidad que integran las cuatro organizaciones gremiales con presencia en la actividad (FATTEL, CEPETEL, FOMMTRA y FOEESITRA). Y la semana próxima tienen previsto pedir formalmente la apertura de las negociaciones salariales para 2020. ¿Qué reclamarán? No está definido aún: como en todo comienzo, será un round de aproximación con los empresarios, pero no descartan que pueda tratarse de una suma fija.
Entre los sectores “no esenciales”, uno de los más castigados es el de a construcción. Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, descartó que esté pensando en reclamar un aumento salarial en momentos en que, según estimó la cámara, “hasta mayo se han perdido 150.000 empleos directos registrados en un año, con una caída del 40% interanual”.
“Hoy, en la mayoría de las actividades privadas estamos viendo cómo cuidamos nuestros puestos de trabajo y cómo reactivamos -admitió el sindicalista-. Si eso se logra, automáticamente empezaremos a hablar de los ingresos. Veremos cuando vengan las épocas normales, pero con la crisis que tenemos, la falta de recursos del Estado, el nivel de emisión que hay y una inflación fuerte, que por suerte todavía no es una hiperinflación, sólo estamos sobreviviendo”.
