El abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, dijo que el régimen que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, “avanza hacia una dictadura completa”, y que la reforma constitucional que eliminó la división de poderes y aumentó la concentración de poder en la Presidencia le parece “la de una monarquía absoluta”.
Bródy indicó que Nicaragua es el único país en el mundo en donde “se utiliza la privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas”.
Confía en la justicia internacional
El experto anotó que el Grupo de Expertos, creado por la ONU, espera que se inicien procesos de justicia amparados en el principio de justicia universal o bien se recurra ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a convenios internacionales en materia de derechos humanos.
“En eso estamos. Si pudiéramos provocar un caso frente a la Corte Internacional de Justicia por violación a la Convención contra la Tortura o la Convención contra la Apatridia sería muy importante”, comentó.
Sobre el retiro de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras conocer el informe del Grupo de Expertos, que pidió condicionar el acceso preferencial de Nicaragua al mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) a parámetros de derechos humanos, y que el Ejército “participó activamente en la represión de las manifestaciones”, Bródy sostuvo que esa salida no exime al Gobierno sandinista de sus responsabilidades.
“Eso no le salva de las consecuencias institucionales, ni eventualmente penales de sus acciones”, afirmó.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas.
(Con información de EFE)
Fuente Infobae
