Pese a que este lunes el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó las nulidades planteadas por las defensas y dispuso que a partir de la próxima semana comiencen las indagatorias en el juicio oral por la obra pública de Santa Cruz, surgieron nuevas dudas sobre el futuro del caso que tiene sentada en el banquillo de los acusados a la ex presidente Cristina Kirchner.
Un movimiento en la Cámara de Casación volvió a encender las alarmas. Para entender su alcance, hay que retrotraerse a una presentación realizada por el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, que meses atrás había solicitado el apartamiento del perito Pedro Eloy Bona en virtud de sus likes a artículos periodísticos en redes sociales.
Bona es ingeniero y fue designado para realizar un estudio sobre 5 de las 52 rutas que le fueron asignadas a las empresas de Lázaro Báez -también acusado en el juicio- entre 2004 y 2015. Es una de las pruebas más importantes del proceso ya que podría servir como muestreo de las irregularidades denunciadas por Vialidad en la causa. Luego de varias postergaciones, el tribunal fijó como fecha límite para la entrega de la pericia el 4 de septiembre.
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó el pedido de apartamiento realizado por Beraldi. La decisión fue confirmada por la Cámara, pero la defensa presentó un Recurso de Queja y la definición de esta cuestión quedó bajo la órbita de Casación. Hasta hoy se esperaba que el máximo tribunal penal del país (a excepción de la Corte) confirmara lo resuelto por los jueces del tribunal oral, sin embargo el cambio de aire político a partir de los resultados de las primarias generó algunas dudas.
En las últimas horas, el camarista Javier Carbajo, de quien depende el resultado de la apelación, solicitó el expediente para analizar el tema. Los abogados que conocen el caso coinciden en que una decisión a favor del planteo de Beraldi provocaría -por lo menos- una suspensión indefinida del juicio.
«Si se aparta a Bona, habría que empezar la pericia nuevamente de cero y los jueces no van a tener otro camino que suspender el juicio porque se trata de una de las pruebas más importantes del proceso. ¿Contra qué van a contrastar las indagatorias si no hay un muestreo fehaciente de las irregularidades que se investigan en el debate?», explicaron fuentes con acceso a los detalles del caso consultados por Infobae.
La presentación de esta pericia, determinante para el futuro de la causa, no es la única sombra que acecha al proceso. Hay otra preocupación que comenzó a ser visualizada tras la victoria de Alberto Fernández (y Cristina Kirchner) en las elecciones primarias.
De repetirse el resultado en octubre y confirmarse el cambio de autoridades políticas a partir del 10 de diciembre, también habrá movimientos en la Oficina Anticorrupción (hoy a cargo de Laura Alonso) y en la Unidad de Información Financiera (Mariano Federici). Ambos organismos estatales son querellantes en el juicio y sostienen la acusación contra los imputados, pero es improbable que mantengan ese rol activo bajo una nueva conducción nombrada eventualmente por un gobierno kirchnerista.
La tercera pata de la acusación es sostenida por el fiscal Diego Luciani, quien ha mantenido una actitud inflexible durante el debate. De hecho, fue el único funcionario judicial que se opuso en reiteradas oportunidades a los viajes de CFK a Cuba. No preocupa tanto su convicción investigativa, sino lo que podría ocurrir con sus funciones.
El nuevo gobierno tendrá la potestad de nominar a un procurador general de la Nación, «el jefe de los fiscales» como se lo conoce vulgarmente. «Esa nueva autoridad tendrá la facultad de nombrar a un nuevo representante del Ministerio Público o asfixiar a Luciani rodeándolo de integrantes de Justicia Legítima», grafican desde tribunales. Y si se caen los tres ejes de la acusación, se cae el juicio.
Mientras tanto, el TOF 2 comenzó a diagramar cómo serán las indagatorias a los acusados. Beraldi adelantó que CFK tiene la intención de sentarse a contestar las preguntas de los jueces. La gran incógnita es cuándo lo hará. Los magistrados quieren evitar ser utilizados para fomentar la grieta antes de las elecciones. «No queremos que venga a cerrar la campaña a la sala de juicio ni que tampoco el acto procesal sea utilizado políticamente en su contra», analizaron recientemente en una reunión privada.
