Una ONG estadounidense pidió hoy a la Justicia argentina investigar la responsabilidad del príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman por crímenes de lesa humanidad. Se trata del príncipe que llegará a la Argentina en los próximos días por la cumbre del G20 y que está bajo la mirada mundial por su supuesta vinculación al crimen del periodista saudita Jamal Khashoggi en Turquía, asesinado el 2 de octubre pasado.
Según la documentación a la que accedió Infobae, la presentación de 14 páginas fue hecha en la jornada del lunes, por Kenneth Roth, en nombre de la ONG Human Rights Watch. Quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo. Si bien la presentación no solicita la detención, la ONG pide que se tome en cuenta los estándares internacionales, a la luz de las obligaciones de la Argentina.
En la argumentación, la ONG planteó: «La constitución argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas. Esto implica que las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de donde se cometan y de las nacionalidades de sus autores o víctimas».
Y señaló: «La participación del príncipe heredero en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires podría permitir que las víctimas de abusos que no lograron que se haga justicia en Yemen o Arabia Saudita puedan obtenerla en los tribunales argentinos».
Se trata de la jurisprudencia que permitió detener, por ejemplo, a los ex militares argentinos en distintos puntos del mundo, cuando aquí regían las leyes de obediencia debida y punto final; o en la que se basó la jueza María Servini para analizar los crímenes del franquismo.
La denuncia de la ONG de Estados Unidos apunta ahora contra «Mohamed Bin Salman, príncipe heredero, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Arabia Saudita, ante su inminente llegada al país por el G20 por delitos de lesa humanidad en Yemen».
El escrito menciona como un factor a considerar las «torturas y malos tratos infligidos por autoridades sauditas a mujeres, incluyendo descargas eléctricas azotes en los muslos y agresiones sexuales», y la muerte del periodista Jamal Khashoggi, que conmocionó al mundo.
Mohammed está sospechado de ser el instigador de las torturas y golpes del cadáver del periodista opositor en la embajada del reino en Estambul, que fue descuartizado y disuelto en ácido. Arabia Saudita reconoció el asesinato aunque rechazó que el poderoso príncipe heredero esté vinculado con él.
Para la ONG de Estados Unidos, «hay pruebas que sugieren que el renombrado periodista saudita fue torturado antes de ser asesinado en el consulado saudita de Estambul», pero en alusión a una grabación que registró el ataque, afirmó que «la Agencia Central de Inteligencia Estados Unidos habría concluido con un alto grado de certeza que Mohammed Bin Salman ordenó personalmente el asesinato de Khashoggi».
Sin embargo, el escrito hace especial hincapié en los crímenes ocurridos en Yemen, «un país ubicado en la península arábiga que en los últimas semanas presenta serios conflictos políticos y civiles que han provocado la muerte de aproximadamente 650 personas y más de 2000 heridos, según informó la ONU».
A criterio de la ONG, «existe amplia evidencia de que la coalición liderada por Arabia Saudita que ha llevado a cabo una campaña militar en Yemen desde marzo de 2015 es responsable de graves violaciones al derecho internacional humanitario incluido ataques aéreos indiscriminados contra civiles y el uso de municiones prohibidas que han afectado hogares, mercados, hospitales, escuelas y mezquitas».
La denuncia señaló, también, que «desde 2015 Arabia Saudita ha mantenido impuesto un bloqueo naval y aéreo sobre Yemen que ha restringido severamente el acceso a la población civil de alimentos, combustible y medicamentos». Además, detalló que 14 millones de personas pueden estar en riesgo de morir de hambre.
La ONG aseguró que existe «una guerra cívico militar» en donde Arabia Saudita lleva adelante una lucha contra un grupo étnico con ataques a la población civil y por eso el príncipe, como responsable militar, «controlaría y dirigiría las fuerzas».
Por último, Human Rights Watch destacó que la Constitución argentina habilita los planteos de «derecho internacional en virtud de que se trataría de crímenes de lesa humanidad de trascendencia internacional que a su vez no estarían siendo investigados de manera creíble en Arabia Saudita».
