Alberto y Adolfo Rodríguez Saá se enfrentarán en las urnas por la gobernación de San Luis este domingo. Claudio Poggi, antiguo socio político de ambos, se presenta como una tercera opción. Los tres ya ocuparon el cargo y su próxima pelea electoral demuestra queen la provincia puntana existe una ajustada maquinaria cuasi feudal que soporta en pie la modernidad de los medios de comunicación y la influencia de las redes sociales.
Pasado imperfecto
Juan Saá fue un caudillo puntano que orbitó en el poder desde 1840. Como unitario, sufrió la persecución de Juan Manuel de Rosas y terminó hallando refugio entre los aborígenes. Luego de la batalla de Caseros, en 1860, asumió como el primer Saá gobernador de San Luis, iniciado así una larga tradición familiar.
En esa época, el país estaba partido en dos: Buenos Aires y la Confederación Argentina, que presidía Justo José de Urquiza. Y Juan Saá no pudo escapar a esos avatares políticos: debió exiliarse en Chile. Su hermano Felipe se hizo cargo fugazmente de la gobernación en 1867.
El apellido se pierde en la historia hasta 1893, cuando el radical Teófilo Saá –hijo de Juan- destituyó a su primo Jacinto Videla –abuelo del dictador Jorge Rafael Videla-, y tomó el poder en San Luis.
Mientras tanto, Feliciana Saá, prima de Teófilo y Jacinto, sumó «Rodríguez» al apellido por su casamiento con Benigno Rodríguez Jurado, quien gobernó San Luis entre 1904 y 1907.
Doña Feliciana y don Benigno tuvieron tres hijos, y los tres cumplieron el legado familiar: fueron gobernadores entre 1909 y 1938: Adolfo, alias «el Pampa» –abuelo del actual gobernador-, Humberto, y Ricardo Rodríguez Saá. Todos ellos conservadores.
Cuarenta y cinco años después del fin de este período -el 10 de diciembre de 1983- cuando ya había muerto Juan Domingo Perón y asumía Ricardo Alfonsín como Presidente, Adolfo Rodríguez Saá llegaba a la gobernación de Salta.
«El Adolfo», como se lo conoce en su tierra, no era conservador ni radical: se había pasado al peronismo junto a su hermano Alberto, un afilado jugador de ajedrez. Ambos se hicieron personalmente cargo de San Luis durante 29 años seguidos.
Poder y propaganda oficial
En agosto del año pasado, la ministra de Educación de San Luis posteó un vídeo casero que exhibía su estado personal después de una grandilocuente ingesta de alcohol y drogas. Para la misma fecha, el gobierno puntano informaba que la tasa de promoción efectiva –alumnos que se matriculan para el próximo año lectivo– había caído para el nivel primario desde el 96.41 en 2015 al 93.78 en 2018.
Pero las dificultades estructurales no terminan en la educación pública. El Indec informó que la tasa de pobreza en San Luis es del 31, 3 por ciento, una realidad que contrasta con la pobreza medida en la vecina Mendoza, de 8,36 por ciento.
A partir de la revelación de la cifra, Alberto Rodríguez Saá asumió la realidad social y anunció que «combatiría» la pobreza estructural de San Luis a través de planes sociales o virtuales seguros de desempleo que se ejecutan por medio del crecimiento abrupto de la planta de empleados públicos.
«Los planes son manejados arbitrariamente porque ni siquiera están bajo una secretaria que los determine. Los punteros políticos hacen uso de los mismos otorgándolos y quitándolos a discreción», denunció la diputada provincial Elena Pastor.
Mientras tanto, la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, explicitó su perspectiva, que es la perspectiva del gobernador Rodríguez Saá: «Los planes sociales en San Luis están demostrado que repercutieron de manera positiva en el comercio». Y remató: «Si ustedes ven por la calle, hay mucha gente comprando arbolitos de Navidad, por ejemplo, y eso no se veía el año pasado».
El Ministerio de Trabajo informó a principios de 2018 que se contabilizaban 64 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. Asimismo, precisó que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 23,8%, un punto y medio por debajo de la que se registró en el 2016 (25,2%).
Más allá de la coyuntura económica, la verdadera carencia puntana se encuentra en su estructura política. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el poder está en manos de un grupo reducido de familias, fundamentalmente los Rodríguez Saá.
Esta inexistencia de recambio político atenta contra cualquier sistema democrático y, consecuentemente, contra la institucionalidad en el siglo XXI. Sin ir muy lejos, la Constitución de Mendoza prohíbe la reelección del gobernador en ejercicio, lo cual resultó sumamente beneficioso no sólo para aquella provincia sino también para la política argentina.
Al margen del hecho inédito de dos hermanos peleando por una gobernación, la elección en San Luis exhibe una compleja situación política con rasgos muy fuertes de nepotismo. Alberto y Adolfo ya fueron gobernadores, y uno de los dos, mañana a la noche, repetirá: como ocurre –casi de manera sistemática– desde el 10 de diciembre de 1983.
