Este domingo se realizó en Uruguay el prerreferéndum promovido por los diputados nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue que buscaba pasar a una instancia de referéndum para anular la Ley Integral para Personas Trans. Según las cifras iniciales que provee la Corte Electoral, solo votó el 8,3 % del padrón electoral y se considera que alcanzará el 10% cuando se finalice el conteo de los votos.
La Ley Integral para Personas Trans (19.684) que reconoce y establece políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas trans, fue aprobada por el Parlamento de Uruguay en octubre de 2018, con 62 votos a favor de los 88 que integran la Cámara de Representantes.
En 2016 se realizó un el Primer Censo de Personas Trans del Uruguay, y lo datos arrojaron que solo el 16% superaba los 50 años de vida. A su vez, el ingreso promedio per cápita era de $7471, la mitad del salario mínimo.
El 67,5% de las personas censadas expuso que debió ejercer la prostitución para generar un ingreso. El 25% tuvo que dejar su hogar durante su adolescencia debido al rechazo de sus familias. Mientras que el 18% de las personas trans uruguayas declaró que no asiste a centro de salud por temor a la discriminación.
Esta Ley que pretende subsanar la realidad de las personas trans instituye, en su artículo 1, el derecho a la identidad de género: «Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro».
A su vez, funda un programa integral que exige al Estado brindar las condiciones para asegurar que las personas trans no sean excluidas de la órbita educativa. El 2% de las becas estudiantiles y el 1% de las plazas en programas de formación laboral deberán ser destinadas a este colectivo. En los casos que se requiera, el Estado debe brindar apoyo psicológico y económico para que puedan terminar sus estudios.
También, esta Ley establece un cupo laboral del 1% en puestos de trabajo del sector público; así como en materia de salud, asegura el libre acceso a todos los servicios, sin discriminación ni patologización. Incluso las prepagas no poseen el derecho de admisión en estos casos y el Estado está obligado a brindar los servicios que permitan adecuar el cuerpo de las personas a su identidad de género a través de un programa de cobertura universal, equitativa y solidaria.
Otro de los puntos sugestivos es el del “régimen reparatorio” que dispone el acceso a una pensión a aquellas personas trans que nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, hayan sido víctimas de violencia institucional o hayan estado presas bajo la dictadura cívico-militar uruguaya.
En noviembre de 2018 sectores neoconservadores comenzaron una campaña de recolección de firmas con el objetivo de derogar la ley. La maniobra de desinformación involucró al menos tres consignas: esta ley «niega la biología»; que se iban a hormonizar a los niños sin el consentimiento de los padres y que iban a dar pensión a toda persona trans tan solo por el hecho de serlo.
Esta iniciativa estuvo impulsada por los diputados nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue, acompañados por referentes de iglesias neopentecostales y ligas de organizaciones evangélicas, aunque también fue apoyada varios diputados de los diferentes espacios políticos.
Sin embargo, el arzobispo de Montevideo, Carlos Sturla llamó a no participar del plebiscito. Si bien no está de acuerdo con algunos puntos de la ley porque estimula “colonización ideológica que implica la ideología de género”, sostuvo que sería prudente que sea el Parlamento quien la modifique.
Fuente: Minutouno
