A partir de hoy, no debería poder verse a ninguna mujer con velo integral en las calles francesas. Pasado el tiempo de la reflexión, ha llegado el de la aplicación del veto, aprobado el pasado otoño por el Parlamento tras más de tres años de acalorado debate. La legislación dejó entonces un periodo de pedagogía de seis meses. Cumplido el plazo, son ahora los agentes de seguridad los encargados de velar por aplicar la norma de la forma más adecuada. De momento la policía francesa ha detenido a tres mujeres con velo -una con burka, otra con niqab y la tercera con hiyab- delante de la catedral de Notre Dame, en el centro de París. Las tres han sido arrestados por manifestarse sin el permiso pertinente, no por llevar cubierto el rostro, según un portavoz policial.
Para responder a las numerosas dudas prácticas, el Ministerio del Interior ha enviado una circular que sirve de modo de empleo. Pese a todo, los sindicatos de policía advierten de las dificultades de aplicación y consideran «inevitables» los incidentes.
La ley prohíbe llevar cualquier vestimenta que «disimule el rostro y por lo tanto haga imposible la identificación de la persona», recuerda la circular de nueve páginas firmada por el ministro del Interior, Claude Guéant. La multa será de 150 euros. El documento, que en ningún momento menciona directamente al velo integral -esencialmente niqab y burka– que visten algo menos de 2.000 mujeres en el país, estipula que no se ven afectadas por la medida ni el uso de pañuelos, gafas o bufandas, siempre y cuando no dificulten la identificación.
La segunda aclaración que realiza es la del ámbito de aplicación. La legislación prevé que el veto se extienda a todo el espacio público, incluida la calle. Quedan descartados los domicilios privados, las habitaciones de hoteles, así como los locales de las asociaciones y empresas que no estén abiertos al público. En cuanto a los coches, el interior del vehículo releva del ámbito privado, pero el uso del velo integral conduciendo puede ser sancionado por peligroso.
En caso de encontrarse a una infractora, los agentes deberán «invitar a la persona a mostrar su rostro para controlar su identidad (…) y poder establecer un acta de multa». En caso de que esta se niegue a retirar la vestimenta para ser identificada, los agentes tendrán que explicarle con «persuasión» que se expone a ser llevada a comisaría. Esta opción no debe suponer más que un «último recurso». En cualquier caso, los policías o gendarmes carecen de la autoridad para obligar a la persona a retirar la prenda a la fuerza.
«Una vez más serán los policías en el terreno los que tendrán que gestionar una situación que no va a ser fácil», advierte Philippe Capon, secretario general del sindicato UNSA de la policía. «La persona que escoge llevar el velo integral lo hace por compromiso y no creo que un funcionario de la policía sea el que consiga hacerle ceder», añade con resignación. «Además, tenemos otras cosas que hacer, nuestra misión es asegurar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos… Le aseguro que el lunes y el martes no se va producir una caza a la mujer con burka«, concluye.
La circular introduce también un matiz interesante: recomienda a los agentes hacer prueba de tolerancia en los alrededores de los «lugares de culto» y evitar así dar la sensación de restringir la libertad religiosa. Pero la definición de esta suerte de zona transitoria queda abierta a la libre interpretación del policía. «¿Dónde acaba esa zona? ¿En la parada de metro, la del autobús?», interroga Capon.
Pero sobre todo, los sindicatos temen que la aplicación de la ley dé lugar a situaciones de enfrentamientos, en particular en zonas sensibles y de mayor concentración de población musulmana. «Tarde o temprano estaremos en portada de la prensa porque habrá algún tipo de incidente grave, es inevitable», advierte Capon.
Kenza Drider, una joven madre francesa de 32 años que participó en el debate parlamentario sobre la prohibición, asegura que no se negará a ser identificada pero que no abandonará su niqab. «Seguiré llevando mi velo como antes, no pienso cambiar nada de mi vida», explica. Dice que casi está deseando que la verbalicen para poder recurrir, sola o con otras mujeres afectadas, ante la justicia europea. «Como francesa no tengo ninguna gana de que mi país sea condenado, pero no me queda otra opción si quiero que se respete mi libertad de religión».
Fuente: http://www.elpais.com/
