Esta semana el Departamento de Estado norteamericano envió al Congreso, como cada año, el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés), correspondiente a 2018. El reporte analiza los esfuerzos y compromisos de los gobiernos de todo el mundo para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, así como los métodos para contrarrestar el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Durante el período 2018, las autoridades norteamericano identificaron 22 países como productores o puntos de tránsito de drogas. Entre ellos, 17 son naciones latinoamericanas.
Sin embargo, el informe hace especial énfasis en los casos de Venezuela y Bolivia, países a los que acusa de no haber cumplido «con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico».
Según el INCSR, «Venezuela es una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas ilegales, predominantemente cocaína, desde América del Sur hasta la región del Caribe, América Central, Estados Unidos, África Occidental y Europa».
En esa línea, el Departamento de Estado hizo referencia al «débil» sistema judicial que existe en Venezuela, así como «el ambiente permisivo y corrupto» en la cúpula del régimen chavista: «La corrupción pública, incluso entre los altos funcionarios del gobierno, es un problema importante en Venezuela, lo que facilita que las organizaciones de tráfico de drogas puedan contrabandear drogas ilegales».
El reporte recuerda que el 13 de febrero de 2017 Estados Unidos sancionó al por entonces vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, por su participación en actividades vinculadas con el narcotráfico internacional: «El Aissami facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes que operan en Venezuela». El dirigente chavista también coordinó envíos de drogas del cártel mexicano Los Zetas, y brindó protección a narcotraficantes colombianos y venezolanos, agrega el INCSR.
En el extenso informe de dos volúmenes también aparece el caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Efrían Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, quienes fueron condenados por un tribunal en Nueva York por conspirar para traficar 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.
Otros de los funcionarios chavistas que figuran en el informe son el general Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Edylberto Jose Molina Molina, ex subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA); Pedro Luis Martin Olivares, ex jefe de finanzas del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin); y Jesús Alfredo Itriago, ex funcionario antidrogas en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC), entre otros.
«El gobierno venezolano aún debe tomar medidas contra estos u otros funcionarios gubernamentales y militares con vínculos conocidos con las FARC o los cárteles mexicanos de la droga», señala el informe. Y añade: «El gobierno ocasionalmente informa públicamente sobre incautaciones, arrestos y destrucción de drogas y pistas de aterrizaje de drogas, pero no compartió pruebas sobre la destrucción de drogas ilícitas con funcionarios de los Estados Unidos».
El reporte presenta a Bolivia como una «importante zona de tránsito para la cocaína peruana», donde el cultivo de esa droga ha aumentado continuamente. «El gobierno de los Estados Unidos estimó que el cultivo de coca aumentó en un tres por ciento a 37.500 hectáreas en 2016, de 36.500 en 2015».
De este modo, en la última década la producción se duplicó, de acuerdo a los registros del Departamento de Estado norteamericano. Mientras que aumentó un ocho por ciento a 275 toneladas métricas desde 2015 hasta 2016.
Las autoridades norteamericanas señalaron una gran preocupación en torno a «los controles inadecuados de Bolivia sobre sus mercados legales»: «Hasta 2017, la ley boliviana permitía 12.000 hectáreas de producción lícita de coca por año. En marzo de 2017, el presidente Evo Morales promulgó una ley que reemplaza la antigua ley antinarcóticos de Bolivia y casi duplica esos límites; el área disponible para la producción lícita de coca aumentó de 12.000 a 22.000 hectáreas. Esto excede la cantidad de coca necesaria para propósitos tradicionales en un 38 por ciento, según un cálculo de la Unión Europea (UE)».
El informe sostiene que cerca de 60 policías fueron investigados por corrupción, relacionada con el narcotráfico en 2015. «La corrupción, la interferencia de otras ramas del gobierno y la insuficiencia de recursos judiciales socavan el debido proceso y crean retrasos en la administración de justicia», denuncia el INCSR.
Además de Venezuela y Bolivia, el reporte mencionó a los siguientes países como los principales productores de drogas ilícitas y/o zonas de tránsito de drogas: Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.
Las principales naciones donde se registran los mayores casos de lavado de dinero, en tanto, son: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Birmania, Cabo Verde, Canadá, Islas Caimán, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Chipre, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Georgia, Ghana, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Italia, Jamaica, Kazajstán, Kenia, Laos, Liberia, Macao, Malasia, México, Marruecos, Mozambique, Países Bajos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Rusia, Senegal, Serbia, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St.
Vicente y las Granadinas, San Martín España, Surinam, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos Reino Unido, Estados Unidos de América, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam.
Estados Unidos estima que la producción potencial aumentó un 19 por ciento de 2016 a 2017 (de 772 toneladas métricas a 921).
Sin embargo, las autoridades norteamericanas destacaron el compromiso del gobierno colombiano para reducir el cultivo de coca: «El 1 de marzo de 2018, EEUU y Colombia acordaron un ambicioso objetivo quinquenal para reducir el cultivo y la producción de cocaína en un 50 por ciento a finales de 2023».
«Desde que asumió el 7 de agosto de 2018, el presidente colombiano Iván Duque ha respaldado esta meta y ha instituido un plan agresivo para la policía y el ejército para aumentar la erradicación de la coca, la interdicción y las operaciones apuntando a organizaciones criminales para lograr la meta de cinco años», agrega el informe.
El informe del Departamento de Estado asegura que «Cuba no es un importante consumidor, productor o punto de tránsito de drogas ilícitas». En la isla, «el consumo sigue siendo bajo debido a la vigilancia activa y las sentencias estrictas».
La mayoría de las incautaciones marítimas se encuentran en la costa sureste, aunque en los últimos tiempo ha habido un aumento en la zona del oeste.
El reporte asegura que «Estados Unidos y Cuba continúan ampliando las discusiones bilaterales sobre la aplicación de la ley y la cooperación para el control de drogas».
Además, el régimen castrista «ha demostrado disposición para entregar a algunos fugitivos estadounidenses de gran interés».
Según el Departamento de Estado norteamericano, el país centroamericanos «siguen siendo una ruta de tránsito para el tráfico ilícito de drogas», mientras la producción de marihuana crece.
El reporte detalla que la geografía del país, con sus «largas costas atlánticas y pacíficas, grandes lagos, cruces fronterizos porosos y zonas costeras», ofrece un ambiente favorable para los grupos criminales internacionales.
Además del tráfico de drogas, también se han registrado contrabando de «armas, moneda y personas».
«Nicaragua no cuenta con recursos suficientes para ejercer un control completo sobre su aire, tierra y fronteras marítimas. La limitada capacidad técnica y logística para llevar a cabo con éxito las operaciones de interdicción, incluida la falta de activos aéreos dedicados, se ven desafiadas por la limitada movilidad y comunicaciones para patrullar las zonas escasamente pobladas de la región del Caribe, donde algunos traficantes operan libremente», asegura el informe.
El INCSR también hace mención de la corrupción en el seno del régimen de Daniel Ortega: «Los esfuerzos de Nicaragua para combatir el narcotráfico se ven obstaculizados por la corrupción generalizada dentro de las filas de la policía, la oficina del fiscal general y el tribunal supremo».
