El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni se refirió hoy a la inclusión de los trabajadores del Poder Judicial que ingresen en 2017 para que paguen impuesto a las Ganancias y señaló que puede haber «un problema sindical» si se intenta hacer lo mismo con el resto de los trabajadores judiciales beneficiados por la exención.
«Esta fue la solución que adoptaron en Estados Unidos en la década del ’30. Yo creo que habría que resolverlo de otra manera. No se trata de que no pagan los jueces (ingresados antes del 1° de enero de este año), sino que tampoco lo hace todo el personal del Poder Judicial (que también haya entrado antes de esa fecha). Ahí hay un problema sindical que hay que hacerse cargo, porque no se le puede sacar el 20 o el 30 por ciento del salario a alguien de un día para el otro», sostuvo el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En diálogo con Radio 10, el magistrado recordó que había propuesto una ley en la que se acuerde que «en cinco años a un 20 por ciento por año se vaya aproximando al 100 por ciento que tienen que pagar» aquellos que actualmente están beneficiados por la Acordada 20/96 del máximo tribunal.
«Si esto se hubiese hecho hace diez años, ya tendríamos el problema resuelto. Más o menos, los aumentos van compensando lo que hay que pagar hasta que se llega a pagar el total como paga cualquier ciudadano. Me parecía que esa era la solución, pero bueno, nunca se hizo», concluyó.
Con la acordada labrada en 1996, la Corte Suprema había declarado la «inaplicabilidad» del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de «los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación». Tras la reforma del gravamen, sancionada por el Congreso en diciembre pasado, se estableció que aquellos que ingresen en la Justicia a partir del 1° de enero de este año comenzarán a tributar el impuesto. De esta manera, en la legislación vigente se incluye en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias a «los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive».
