Esta semana se conoció a través de diversas publicaciones la existencia de al menos cuatro departamentos alquilados que funcionan como prostíbulos, cuya propiedad es del juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien respondió a las acusaciones aduciendo que él no administraba sus propiedades sino a través de una inmobiliaria. Existe además una denuncia de la ONG “La Alameda”, que no habla de cuatro sino de seis departamentos donde se ofrecen los servicios de prostitutas VIP. Zaffaroni envió ayer un comunicado al diario Clarín donde reconoce la veracidad de al menos cuatro propiedades involucradas y de una quinta en la que «se está verificando la información», aunque cree que en este caso es falsa.
“Hasta ahora hay verificados cuatro, donde es posible que sea verdad”, indicó el magistrado.
Zaffaroni asegura en el escrito que su intención es recuperar los inmuebles “como pueda, ya sea emplazando a que los desocupen por las buenas o accionando por desalojo”.
Además, el juez indica en el texto que espera que el escándalo “haga que los desocupen porque les espante los clientes a los que los están usando con esos fines”.
Zaffaroni informó también que su apoderado está verificando los contratos de los 15 inmuebles que tiene en total y constatando qué hay en cada uno. Y remarcó que dispondrá el cambio de inmobiliaria por otra “más responsable”.
