La muerte de Alberto Nisman dejó un vacío en la Unidad Fiscal Especial para la causa AMIA que urge llenar con un remplazo. La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, ya adelantó su idea de que sea un grupo de fiscales el que se haga cargo del trabajo.
La importancia del cargo toma una dimensión mucho mayor si se tiene en cuenta que, en sus últimas horas, Nisman denunció a Cristina Kirchner, su canciller y otros miembros del oficialismo de querer proteger a los sospechosos de haber cometido el atentado que en 1994 dejó 85 muertos. Por eso es que la comunidad judía le exigió ayer a Gils Carbó fiscales «intachables» para ese puesto. Y por eso, también, es que el PRO analiza una maniobra para bloquear que la procuradora intervenga en esa decisión.
«Están en juego intereses gubernamentales y ella no tiene la independencia necesaria como para poner los fiscales que hay que poner«, consideró Patricia Bullrich, que ha estado al frente de la disputa que se abrió por haber sido quien convocó al fiscal fallecido a que brinde detalles de su investigación en el Congreso. En diálogo con Infobae, la legisladora anticipó que trabajan en una estrategia para inhabilitar a la procuradora en este caso.
Bullrich dijo que estudian pedirle a Gils Carbó que se excuse de intervenir en el nombramiento, y en caso de que se niegue la recusarán. «Como está metida la Presidente, puede haber un interés especial», observó señalando una vez más como un factor condicionante las preferencias políticas de la funcionaria, quien no oculta su oficialismo.
La diputada y sus correligionarios del macrismo se tomarán el fin de semana para trabajar en un planteo, para el cual ya consultaron la opinión de especialistas en temas jurídicos. En los primeros días de la próxima semana harían la presentación en el Ministerio Público Fiscal.
Consultada por la posibilidad de que la vacante que dejó Nisman se cubra con un grupo de fiscales, Bullrich mostró su conformidad, aunque aclaró que debería haber una «punta de cabeza», es decir, uno que oficie como titular. «Tiene que haber alguien que tome la decisión. Si no, debe haber un protocolo de la decisión», explicó.
Infobae
