Dilma Rousseff se encuentra entre la espada y la pared. Después de una semana en la que el nuevo paquete de recortes de gastos e impuestos para equilibrar las cuentas públicas fue recibido con fuerte resistencia en el Congreso, el empresariado y los sindicatos, el gobierno reconoce que no tiene un plan B. Confía en que a todos los sectores les caiga la ficha de la gravedad de la situación para salir adelante de la crisis político-económica que atraviesa el país.
«No hay plan B. La presidenta hizo lo que debía. Son medidas duras, muchas impopulares, pero sobre las cuales la presidenta está asumiendo toda la responsabilidad. Si la presidenta quisiera prorrogar políticamente esas medidas, podría dejarlas para el próximo gobierno, pero independientemente de quién gane las próximas elecciones tendría una bomba que desmantelar en tres años. Pese al desgaste, ella prefiere tomar estas medidas históricas, estructurales, ahora», destacó a LA NACION Edinho Silva, ministro de Comunicación Social y principal vocero de la mandataria.
A metros de su despacho, Rousseff intentaba acordar con las bancadas aliadas los «remedios amargos».
El equipo económico de Dilma, encabezado por el ministro de Economía Joaquim Levy, diseñó un nuevo plan de ajuste para revertir el déficit en el presupuesto del próximo año, con un agujero de unos 8500 millones de dólares. Se propusieron cortes de 7000 millones en gastos, una eliminación de ministerios, congelamientos de salarios de empleados públicos y recortes en programas sociales, así como un aumento de la recaudación de unos 10.500 millones a través de la reimplantación de un impuesto financiero. Todo con tal de llevar el déficit de 0,5% del PBI a un superávit del 0,7% y evitar que otras agencias calificadoras de riesgo sigan el camino de Standard & Poor’s, que le quitó a Brasil su grado de inversión.
El nuevo paquete de ajuste no hizo más que generar rechazos por parte de los aliados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), de las principales federaciones industriales y de los sindicatos cercanos al gobierno que amenazan con huelgas.
-¿Qué diría a las personas que votaron por la reelección y hoy se sienten desilusionadas, engañadas y hasta traicionadas?
-Lo que estamos haciendo es tomar las medidas necesarias para que la economía vuelva a crecer. Cuando hablamos de buscar el superávit queremos usar ese dinero para aumentar las inversiones y fomentar el crecimiento económico. Muchas de las medidas que se tomaron a inicios de año ya están surgiendo efecto. La inflación está cayendo, eso nos permitirá retomar el crédito, las inversiones de largo plazo… El esfuerzo de la presidenta es mantener los programas sociales que son la marca del PT, los programas sociales son intocables. Ninguno de ellos fue cortado, sólo se disminuyó su ritmo. No se terminó ni con el Bolsa Familia ni con Mi Casa, Mi Vida. Su implementación será más lenta hasta que se recupere el crecimiento, pero se mantendrán.
-Si ese debate se hubiera iniciado antes del plazo de presentación al Congreso, tal vez el país hubiera evitado la quita del grado de inversión por Standard & Poor’s?
-Puede ser, pero el gobierno se esforzó al máximo para que ese cuadro no se caracterizase. Hizo recortes, buscó otras formas de ingresos, discutió ventas de activos, pero aún así no lo consiguió. No negó las dificultades, no creó una polémica con la agencia, reconoció el escenario y está trabajando para la superación de ese escenario. No tengo dudas de que las medidas son correctas y que a través de este camino vamos a establecer en breve las condiciones para retomar el crédito, volver a discutir inversiones de largo plazo, e incluso debatir con la oposición para crear un ambiente de unidad.
-¿Cree que la oposición está actuando irresponsablemente, que no ayuda a encontrar soluciones e insiste con el proceso de impeachment?
-La oposición no tiene una posición política única. Hay personas que tienen una visión de estadistas, que buscan hallar soluciones, pero también hay otras personas que asumen esa postura de cuanto peor la situación, mejor es para ellas. Se trata de medidas estructurales para la recuperación de la economía brasileña; si no se toman ahora, tendrán que ser tomadas en poco tiempo más. Si la presidenta quisiera prorrogar políticamente esas medidas podría dejarlas para el próximo gobierno, pero tendría una bomba que desmantelar en tres años.
-¿Pero quién creó esa bomba? El PT está en el gobierno hace más de 12 años…
-Nadie niega la responsabilidad en el proceso, la propia presidenta ya reconoció errores públicamente. Y yo digo que si la presidenta cometió errores fue para proteger los empleos de los brasileños, sus salarios, su renta y los avances sociales que tuvieron los brasileños. Si ella cometió errores fue gobernando, pensando en gobernar para los que más lo necesitaban. Ahí sí se pueden cuestionar las exenciones de impuestos y el impacto que tuvieron en las cuentas públicas, pero fueron implementadas para proteger los empleos. Eso se tiene que tener claro. Cuando delante de la crisis internacional las cadenas productivas enfrentaban dificultades, se les quitó impuestos para que no hubiese despidos.
-¿Existe un plan B si las nuevas medidas de ajuste no son aprobadas por el Congreso?
-No hay un plan B, la presidenta hizo lo que había que hacer. Las propuestas que vayan a ser aprobadas saldrán de un diálogo con el Congreso. La presidenta fue muy honesta en ese sentido y está haciendo la parte del gobierno: hay recortes de gastos, reducción de ministerios, eliminación de cargos comisionados. Se está podando la maquinaria. Son medidas duras, muchas impopulares, pero sobre las cuales la presidenta está asumiendo toda la responsabilidad.
-¿Cree que hay riesgo de convulsión social?
-No. Las instituciones están funcionando, estamos en una democracia con mediaciones que funcionan.
-¿Cómo ve los pedidos de impeachment, basados en el maquillaje de las cuentas públicas y en la responsabilidad política de la presidenta ante el escándalo de corrupción en Petrobras?
-Cuando se pide un impeachment se está bloqueando la posibilidad de dialogar. Pero es una posición política que no me preocupa mucho. Lo que más me preocupa es la intolerancia de cierta gente ante las posiciones políticas, que pueden llevar a agresiones físicas. Ese clima de conflicto termina yendo en contra de la tradición brasileña. Tenemos que superar ese ambiente de intolerancia, de división. Ese es el gran desafío histórico del PT en este momento: reconstruir las bases de la tolerancia y la diversidad.
Frei Chico, hermano mayor de Luiz Lula da Silva, afirmó que el ex presidente brasileño «está triste» por la actualidad de su partido, reveló la prensa local. «Lula está triste. Estamos acorralados, tenemos que salir de esta situación», dijo Frei Chico durante un almuerzo en un restaurante junto a la sede del Partido de los Trabajadores (PT), en San Pablo. A su juicio, el PT no ha sabido responder a los ataques de los que fue objeto por la crisis y los casos de corrupción.
«Están haciendo críticas absurdas, y el partido no sabe cómo salir», sentenció Frei Chico. Consultado sobre los errores cometidos por el gobierno, el hermano de Lula respondió: «No podemos sacrificar a Dilma [Rousseff], es lo que tenemos». Para Frei Chico, que introdujo a Lula en la militancia sindical, el partido debería comenzar su reacción en los barrios de la periferia de las ciudades, con panfletos que recuerden las conquistas de los gobiernos de Lula y Dilma.
«La gente le está creyendo a la oposición. No logramos dar una respuesta», agregó Frei Chico. El ex presidente, que dejó el gobierno a fines de 2010 con un alto índice de popularidad, fue salpicado en los últimos meses por el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras. Durante sus años de gobierno se tejió allí un esquema de sobornos con empresas contratistas, cuya recaudación iba en parte a la financiación de campañas electorales del PT.
Alberto Armendariz/LA NACION
