El «síndrome del bebé sacudido» deja marcas irrefutables en el cuerpo de un niño: hematoma subdural, hemorragia retinal y edema cerebral. Y la causa es una sola: maltrato infantil. Esa fue la causa de la muerte de Aron Cano, un bebé de 7 meses asesinado por Luis Velázquez, ex legislador de Tierra del Fuego y líder del Sindicato de Camioneros local. Fue condenado a 12 años de prisión y y en segunda instancia le redujeron la pena a 3. En febrero quedó libre. Ahora la madre del niño rompió el silencio y salió a pedir justicia.
Pamela Rosario Cano tenía 21 años, dos hijos y un presente inmerso en la pobreza cuando conoció a Velázquez, entonces diputado del Movimiento Obrero. Establecieron una relación que en principio era sentimental, pero que estaba claramente influida por el dinero.
«Un amigo de una amiga me dijo que conocía a un hombre de plata que podía ayudarme y darme mi casita así que acepté, lo conocí, estuve con él por dinero, le conté mi situación y a los días el volvió a mi casa y trajo a unos arquitectos para que vieran mi casa, para poder arreglarla. Yo empecé a salir con él, y a ir de viaje con este demonio. Iba y venía, con él, lo vi entregar fajos de billetes en los hoteles que parábamos», contó en una entrevista con Periodismo y Punto.
En uno de sus viajes, el 6 de octubre de 2010, Velázquez mató al pequeño Aron, en el hotel El Choconcito, de Ushuaia, donde su madre, que se había ido a bañar, lo dejó a su cuidado. El bebé lloraba sin parar hasta que en un momento el llanto paró repentinamente. El dirigente camionero lo había sacudido violentamente hasta dejarlo al borde de la muerte.
El dueño del hotel llevó al niño y a su madre al Hospital Regional de Ushuaia, pero a las pocas horas falleció. Velázquez no los acompañó y nunca admitió lo que hizo. Pero lo delató la autopsia.
«Después que murió mi bebé, me amenazaban con que tenía un hematoma previo, que me iban a culpar a mí, me tenía de hotel en hotel dándome medicación para dormir, hasta que me volví con mi bebé muerto a Córdoba, en avión que me pago él. Me pusieron un abogado del que ni recuerdo el nombre», recordó Cano. Le ofrecieron 500 pesos a cambio de su silencio.
En junio de 2013, el ex legislador provincial fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por homicidio simple con dolo eventual. Ese día fue detenido, ya que había llegado libre al juicio oral, porque hasta ese entonces estaba acusado de homicidio preterintencional, es decir, con intención de dañar, pero no de matar. En cambio, los magistrados consideraron que cuando sacudió furioso al bebé porque no paraba de llorar «previó el resultado muerte y, desinteresándose del mismo, continuó con su accionar».
En la apelación, los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Javier Muchnik y Gonzalo Sagastume le dieron la razón a Velázquez y, al año siguiente, calificaron el hecho como un homicidio preterintencional. El expediente volvió al tribunal oral, donde en julio de ese año le achicaron la pena a 5 años de prisión, ya que los magistrados tuvieron que adaptar la condena a la nueva figura.
Sin embargo, en una nueva apelación, el 6 de febrero pasado el STJ le volvió a dar la razón a Velázquez y fijó una nueva pena de 3 años de prisión, lo que se tradujo en su inmediata liberación, ya que había estado preso durante 2 años y 8 meses, más de dos tercios de la condena, lo que lo habilitó a pedir su libertad condicional.
El tribunal oral había considerado como único atenuante la falta de antecedentes penales de Velázquez, y como agravantes, que se trataba de un bebe, que estaba a su cargo, que no lo ayudó ni llevó a la madre al hospital, que trató de deslindar su responsabilidad culpando a la Cano, que no colaboró con los médicos y que no mostró el más mínimo signo de arrepentimiento.
La ministra del máximo tribunal fueguino María del Carmen Battaini fue la única que coincidió con esa interpretación. En cambio, el juez Sagastume sostuvo que «si bien Velázquez no llevó al niño y su madre al hospital, sí procuró su asistencia» y el magistrado Muchnik señaló que «el arrepentimiento de parte del imputado no puede constituir un fin mismo del proceso ni de la pena».
Esta semana, el fiscal Oscar Lujan Fappiano presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en el caso. Es la última esperanza de Cano, que hasta la sentencia estuvo prácticamente sola, pero que hoy cuenta con apoyo de las Madres del Dolor y el asesoramiento de la Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia, que coordina Alberto Linares. Todo eso lo consiguió a través de una cuenta de Twitter que creó el 17 de febrero para visibilizar su dolor y reclamar justicia.
