La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a denunciar al gobierno argentino por la puesta en marcha de un «desmesurado aparato mediático paraoficial» creado para «desprestigiar» a los medios críticos y por implementar un «sistema de propaganda política» que incluye el Fútbol para Todos y que restringe hasta la divulgación de los índices inflacionarios.
El Informe detalló no sólo el «reguero» de periodistas asesinados en el continente, sino que sumó a la Argentina a «los gobiernos con legitimidad de origen pero ilegitimidad de ejercicio que continuaron avasallando la libertad de prensa a través de mecanismos cada vez más sofisticados que hacen pasar por información plural y democrática lo que, en realidad, no es otra cosa que un relato único sobre los hechos: el relato oficial».
En lo que definió como un «panorama francamente desalentador para el ejercicio del periodismo libre en las Américas», la SIP manifestó que «continuó expandiéndose en la Argentina» lo que describió como «un desmesurado aparato mediático paraoficial creado para desprestigiar a los medios independientes o críticos», junto a «un sistema de propaganda política que abarca desde el uso del fútbol estatizado, hasta restricciones en la información sobre los índices de inflación».
El Informe sobre la Libertad de Prensa en el continente fue brindado ayer en la ciudad de Lima (Perú) por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo.
El director del semanario «Búsqueda» de Montevideo también recordó que 48% de la publicidad del Estado «fue a parar a dos diarios cercanos al gobierno de Cristina Kirchner», mientras que «dos diarios que reúnen 60% de la circulación recibieron apenas 2,5% de la publicidad oficial y la revista de mayor tiraje no recibió un solo centavo».
El documento sobre la Argentina fue brindado por el ex titular de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Daniel Dessein, quien señaló que «2011 hasido un año turbulento para la libertad de prensa» en el país, porque «reflejar y analizar la gestión del Gobierno de manera independiente y crítica, ha resultado una tarea poblada de obstáculos y riesgos».
Dessein explicó con números los desvíos de la pauta publicitaria oficial hacia medios afines al oficialismo, no sólo en gráfica sino también en radio y televisión.
«La pauta oficial en televisión abierta creció 282% en el primer semestre respecto del mismo semestre de 2010; 48% fue acaparado por el tercer canal en nivel de audiencia frente a 0,5% que recibió el número uno. Entre las radios, una AM cercana al Gobierno fue beneficiada con 41% de los fondos repartidos en ese segmento contra 2% recibido por la segunda en audiencia», detalló.
Por su parte, recordó que en marzo pasado la Corte Suprema de la Nación, a través de un fallo en un caso de discriminación publicitaria planteado por la editorial Perfil, estableció que la publicidad oficial «no puede ser adjudicada en forma discriminatoria ni ser aplicada como un modo indirecto para afectar la libertad de expresión», y añadió que «en una patente burla a la Justicia y al equilibrio republicano (el Gobierno) se limitó a publicar un aviso injurioso en un periódico de la demandante y mantuvo sus niveles de discrecionalidad en la distribución de la pauta».
Además de Dessein, el Informe más crítico fue el de Ecuador, donde se destacó el caso del diario «El Universo», condenado a pagar 40 millones de dólares de indemnización al presidente Rafael Correa, en lo que se denunció como «un proceso judicial plagado de irregularidades».
De la lectura de los informes por país, se destacó como una constante la profundización de una matriz elaborada por gobiernos que avanzan simultáneamente en reformas legales, presiones judiciales y administrativas y el uso de recursos públicos para ahogar y deslegitimar a la prensa no oficial y en paralelo para instalar un relato único, a partir de la creación y cooptación de medios.
«Una misión de la SIPque viajó a Buenos Aires en mayo nos permitió comprender mejor la situación», añadió Paolillo, quien denunció la muerte de 21 periodistas en siete meses en todo el continente y detalló país por país la vigencia de la Libertad de Prensa, en un panorama que definió como «francamente desalentador para el ejercicio del periodismo libre en las Américas».
