A días del primer paro de la CGT desde que asumió Mauricio Macri , el Gobierno presentará este lunes -junto a dos gremios y empresarios- un acuerdo en el sector de la construcción para alentar la productividad y lanzará un plan para la fabricación de 100.000 viviendas para la clase media con el objetivo de revitalizar la economía.
El Plan Un Millón, que sigue la línea de los sellados en los sectores petrolero y automotor, prevé una inversión privada de $ 150.000 millones, busca sumar 100.000 nuevos trabajadores y tiene como finalidad generar una rebaja de un 10% en el precio de los inmuebles familiares que se construyan este año.
En el Gobierno lo ven, además, como una manera de generar oferta a una demanda que -proyectan- explotará en los próximos meses: la de los créditos hipotecarios. En las últimas semanas, los bancos públicos salieron a marcar la cancha en ese rubro con préstamos en UVA -actualizados por inflación- a tasas bajas y con plazos de hasta 30 años. Además, se lanzó la nueva versión de Procrear.
Cerca de Macri creen que los bancos privados mejorarán cada vez más sus condiciones para los clientes, gracias a rebajas impositivas, la posibilidad de fondearse a largo plazo con Obligaciones Negociables (actualizadas por UVA) y la de generar negocios en un mercado secundario de securitización de hipotecas.
El acuerdo -en el que trabajó especialmente el ministro del Interior, Rogelio Frigerio- será firmado este lunes a la 10.30 por Macri en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Allí estarán además el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y el de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. Por el sector empresario, firmarán la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), entre otras importantes entidades, y las dos grandes cámaras del sistema bancario (Adeba y ABA).
«Esto es fruto del diálogo. El Gobierno trabajará para mejorar el costo en el sector y además está creando un nuevo mercado que no existía», afirmaron constructores privados a LA NACION. En los gremios destacaron el acuerdo y señalaron que «nunca cortaron el diálogo» con el Gobierno pese a la conflictividad de las últimas semanas y a la tensión que se vivirá por el paro. El sindicalismo se compromete en el acuerdo a expandir la capacitación a sus trabajadores para minimizar riesgos de trabajo, bajar el ausentismo en el sector y mejorar la productividad.
La construcción no pasa un buen momento. En febrero -según datos del Indec- cayó 3,4% con relación a un año atrás. Pese a que baja menos por la expansión de la obra pública esto no alcanza para revivir la economía. Es que la actividad privada -el 75% del total del sector- todavía no arranca. En este rubro se perdieron en 2016 cerca de 60.000 puestos pese a que se recuperaron unos 20.000 en los últimos meses. «Unos 40.000 son de Cristina Kirchner, ya que la obra pública se frenó en agosto de 2015», calcularon fuentes de Interior.
Conforme a un borrador del acuerdo al que accedió este medio, los empresarios se llevarán promesas importantes para apostar de nuevo a la inversión. Estas se contemplarán en una ley de Promoción del Sector de la Construcción dentro de la reforma tributaria integral que prepara el Gobierno para 2018. En primer lugar, esta regulación permitiría la actualización de los valores de los terrenos para el pago de impuestos a las ganancias. Además, se posibilitará la implementación de la conversión del saldo técnico de IVA a un bono fiscal transferible, la reducción de la tasa de Ganancias para los nuevos desarrollos cuyos ingresos no superen los ocho salarios mínimos (para la clase media), la posibilidad -como establece la ley pyme aprobada el año pasado- de computar el impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias para las empresas medianas, entre otras ventajas fiscales.
Por otro lado, el Gobierno, a través de la Comisión Nacional de la Defensa a la Competencia (CNDC) ya trabaja en la mayor competencia entre los productores de insumos básicos para la construcción. En la entidad que dirige Esteban Greco se estudian 14 sectores. Después de las tarjetas, están adelantados los del acero (insumo clave) y el lácteo, según pudo saber LA NACION. Además, Frigerio trabaja en algunas modificaciones en la ley de alquileres aprobada por el Senado.
En el sector bancario, el Gobierno promete trabajar en la facilitación y el acceso para la clase media al crédito hipotecario. Por eso, ahora se enfoca con la ciudad y la provincia de Buenos Aires (donde se dan el 60% de los créditos) en la rebaja del impuesto a los ingresos brutos en los préstamos (pero también en toda la cadena de valor de la construcción), lo que bajaría aún más el valor de las cuotas que pagan quienes toman un crédito. Para eso, deberán buscar acuerdos en las legislaturas. Además, se reduciría el impuesto a los sellos en la compraventa de viviendas familiares y se agilizarán trámites de proyectos y escrituración.
