El juez Sebastián Casanello rechazó hoy el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea indagada en el marco de la causa por lavado de activos por la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez.
La UIF había solicitado que el juez llame a indagatoria a la ex mandataria y a un grupo de ex funcionarios como miembros de una asociación ilícita destinada a cometer una pluralidad de delitos, informaron fuentes judiciales, pero el magistrado rechazó el pedido.
Entre los funcionarios mencionados se encuentran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y José López, el ex secretario de Obras Públicas detenido por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros.
En rigor, la UIF pretende que los ex funcionarios sean indagados como miembros de una banda que desvió dinero público, como delito precedente a la maniobra de lavado por la que se encuentra procesado Báez; algo similiar a lo que se les imputa en causas que se tramitan en otros juzgados.
El pedido se produjo luego de que la Cámara Federal porteña frenara la inminente elevación a juicio oral de un tramo de la causa en la que se investiga al detenido empresario Báez por lavado del activos y le ordenara a Casanello ampliar la imputación en relación al presunto origen en la obra pública de ese dinero.
El freno se produjo cuando los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones revocaron la decisión de Casanello de correr vista a las querellas y al fiscal para que se pronuncien sobre la elevación a juicio parcial en la causa que sigue contra Báez, tras un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) al que se sumó la Oficina Anticorrupción (OA).
La UIF había solicitado que no se procediera al cierre de una etapa de la instrucción «sin que se avance en la imputación por la totalidad de las maniobras denunciadas», de modo tal de que puedan analizarse todos los hechos de forma vinculada.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah emitieron una resolución de diez páginas en el que sostuvieron que el juez y el fiscal federal Guillermo Marijuan debían avanzar en la especificación de cuáles fueron los hechos precedentes que generaron la maniobra de lavado por la que fue procesado Báez, entre otros.
«Se deben agotar todas las vías probatorias para profundizar en aquellas imputaciones en las que se ha avanzado y que resultan plausibles de demostración», sostuvieron los magistrados, quienes hicieron referencia a causas tramitadas en otros juzgados, en las que se investiga la relación de Báez con la obra pública.
Una de ellas es la que se encuentra en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, en la que la ex mandataria -entre otros imputados- se encuentra procesada por el presunto direccionamiento en favor del empresario Lázaro Báez.
Télam
