El condicionante, claro está, existe y es concreto: ganarle las elecciones bonaerenses a Cristina Kirchner, y de ese modo terminar con las dudas de empresarios y políticos, aquí y fuera del país.
Optimista en relación con lograr ese triunfo que le otorgue el ansiado respaldo político, el Gobierno prepara una batería de medidas posteriores a las elecciones legislativas, un conjunto de leyes y medidas «para los próximos veinte años de la Argentina», como lo definió el propio presidente Mauricio Macri en su encuentro con empresarios chilenos, el martes pasado en Santiago de Chile.
Reformas tributaria, fiscal y previsional; reforma política que incluye cambios en el financiamiento de campaña; cambios en la ley de Etica Pública, en los organismos de control y en el Poder Judicial, son algunas de las modificaciones «de largo plazo» que la Casa Rosada imagina poner en práctica luego de superado el «obstáculo electoral» que hoy representa derrotar en las urnas a la ex presidenta.
La obsesión presidencial por el empleo para bajar los índices de pobreza va de la mano con una exigencia compartida por el empresariado: «bajar el costo argentino» para favorecer inversiones, según lo definió el propio Presidente el jueves, en el encuentro de CAME.
En ese sentido, los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Jorge Triaca(Trabajo) trabajan en una amplia reforma tributaria que elimine impuestos, aportes y contribuciones, incentive las contrataciones en blanco y aplique multas para los empresarios que contraten empleados «en negro», según contaron a LA NACION desde ambos ministerios.
«La dejamos para después de octubre por el ruido electoral que genera», afirmaron a LA NACION fuentes del palacio de Hacienda.
Aquí, como en las demás iniciativas, será fundamental el apoyo del PJ, en especial de los gobernadores que la Casa Rosada considera «cercanos», para conseguir votos en el Congreso y apoyo político para iniciativas que pueden despertar polémica y críticas.
Triaca también tiene en carpeta una ambiciosa «reforma previsional» del que se conocen pocos detalles, y que no incluirían por el momento una suba en la edad jubilatoria.
Dujovne, con la ayuda del ministro del Interior, Rogelio Frigerio , prepara junto a los gobernadores una nueva ley de responsabilidad fiscal, que apunta a la reducción del gasto provincial o, al menos, mantenerlo estable hasta 2023, y un artículo que prohíbe la contratación de personal a los mandatarios a partir de los últimos seis meses de mandato.
Además de las reformas vinculadas a la economía y el mercado laboral, el Gobierno prepara otro paquete de reformas «más duraderas» vinculadas al desarrollo institucional del país. En la Jefatura de Gabinete relacionan el ingreso a sus filas del diputado Fernando Sánchez, leal a Elisa Carrió, con estos cambios que se vienen.
La reforma política trabada en el Congreso, que incluía la boleta electrónica y la homogeneización del calendario electoral, será reimpulsada una vez obtenido el apoyo del electorado.
Se le sumarían la derogación de las PASO (anunciada por el Gobierno esta semana a través del jefe de gabinete, Marcos Peña) y un nuevo régimen de transparencia en el financiamiento de campañas en base a recomendaciones de ONG como Cippec y Poder Ciudadanos, frenada por la campaña electoral.
«No podemos cambiar las reglas en mitad de una elección», repitió el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, que tiene en su despacho el borrador de los cambios en el financiamiento electoral, enviado por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.
Se suman a este paquete algunas normas hoy trabadas en el Congreso, como las reformas a la ley de ética pública y la norma de responsabilidad penal empresaria, que apoyan «los empresarios honestos que no quieren pagar más coimas», según definió Sánchez a LA NACION.
Otras reformas judiciales, que incluirían una reforma del Consejo de la Magistratura y cambios en los tiempos procesales de las sentencias, se mantienen aún bajo llave en los despachos más importantes. Carrió y Sánchez vienen discutiendo estos cambios con Peña y Mario Quintana, uno de los vicejefes de gabinete.
«En un país serio hay oficialismo y oposición, pero tiene que haber responsabilidad de ambas partes», afirma Sánchez en un adelanto de lo que será su rol de «coordinación» entre el Ejecutivo y parte de la oposición peronista, con el objetivo de concretar muchos de estos proyectos que el Gobierno se prepara para lanzar horas después festejar lo que espera sea un triunfo en las elecciones de medio término.
