El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , amenazó este domingo con enviar a la cárcel a una decena de magistrados del máximo tribunal del país designados en la semana por el Parlamento, controlado por la oposición.
«Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás del otro. Y se les va a congelar los bienes, las cuentas y todo», dijo Maduro en su programa de televisión semanal.
El viernes, la Asamblea Nacional nombró a 13 magistrados titulares y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que la designación previa, hecha a fines del 2015 por el Congreso entonces dominado por el oficialismo, fue un proceso «viciado y apresurado».
Pero ese mismo día, la máxima corte del país declaró nulo el proceso y advirtió que los jueces nombrados estarían cometiendo el delito de «usurpación de funciones». El sábado, el servicio de inteligencia arrestó a Ángel Zerpa, uno de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional.
El Ministerio Público pidió este domingo la libertad de Zerpa y dijo que interpuso un hábeas corpus.»Los fiscales también solicitaron que el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) informe sobre la ubicación de Zerpa debido a que hasta el momento no se tiene certeza de su paradero, por lo que se presume que se está ante el delito de desaparición forzada», dijo el despacho en un comunicado.
Lo que más sobresale de estos jueces paralelos es precisamente su perfil profesional e intelectual, en las antípodas de los magistrados actuales del chavismo. Los nuevos magistrados suman 70 maestrías y doctorados frente a siete de los oficialistas; 68 especializaciones contra 15; 12 trilingües y 10 bilingües frente a ninguno de los chavistas; 384 años de docencia universitaria frente a 25; 73 libros publicados frente a tres y 5000 horas de juicio cuando sus antagonistas sólo acumulaban 1700 en sus fojas de servicios.
A pesar de la presión de gran parte de los venezolanos y desde el extranjero, Maduro afirmó que la próxima semana se llevará a cabo la elección de los miembros de una Asamblea Constituyente que sus adversarios dicen institucionalizará una «dictadura» en el país petrolero. «En una semana el pueblo de Venezuela estará eligiendo la Asamblea Nacional Constituyente», insistió Maduro.
«La derecha imperial cree que puede dar órdenes en Venezuela. El único que da órdenes aquí es el pueblo», dijo Maduro en referencia a la amenaza de sanciones económicas que hizo Estados Unidos en la semana si es que el controversial voto se lleva a cabo.
El sábado, la oposición anunció un nuevo paro nacional para el miércoles y jueves como medida de presión para evitar que el mandatario arme la Asamblea Constituyente, que no sólo reescribirá la carta magna, sino que estará por encima de los demás poderes públicos.
Maduro insiste en que la Constituyente busca pacificar el país, incluir los populares subsidios en la carta magna e instaurar una economía postpetrolera que permitiría a Venezuela librarse de la enorme dependencia de sus exportaciones de crudo.
La oposición asegura que lo único que busca Maduro es suprimir las próximas elecciones -incluidas las presidenciales de fines del 2018- y tomar el control de todos los poderes públicos, entre ellos el Congreso -en manos opositoras- y la Fiscalía, cuya jefa rompió con el Gobierno meses atrás.
Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia reciente. A los cuatro meses de protestas que han dejado unos 100 muertos, se le suma una inflación de tres dígitos, una recesión económica y escasez de alimentos y medicinas.
Télam y Reuters/La Nación
