El Gobierno podría constituirse en querellante de la causa por la desaparición del artesano Santiago Maldonado. Así, como particular damnificado, podría acceder al expediente, tomar conocimiento de las actuaciones judiciales, pedir medidas de prueba y apelar resoluciones.
Así lo confirmó esta mañana el ministro de Justicia, Germán Garavano. “La Secretaría de Derechos Humanos está evaluando el tema”, señaló esta mañana en declaraciones radiales. El diario La Nación había anticipado que hoy podría resolverse la presentación.
El ministro evaluó el estado en que se encuentra la causa y admitió que “es una situación muy complicada”. “Hay un juez y tres fiscales que están interviniendo. Está interviniendo la fiscal de la zona, está interviniendo la PROCUIN que es una procuraduría especializada en violencia institucional. Y está interviniendo la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas por el sumario administrativo que se lleva adelante en el Ministerio de Seguridad por la actuación de los gendarmes”, describió Garavano, quien dijo que desde el Gobierno están “a la espera de la resolución” de estas actuaciones judiciales y “al menos la claridad en relación a qué fue lo que pasó, si intervino como dicen testigos o personas la Gendarmería en el hecho o eso no se verifica y hay que buscar otras hipótesis”.
El ministro afirmó además que el programa de protección de testigos que funciona en la órbita de su cartera no recibió “ningún pedido de protección de testigo”, en esta investigación. “Nosotros hemos puesto a disposición el programa de protección de testigos que funciona en la órbita del ministerio a mi cargo. Todavía no hemos recibido ningún pedido de protección de testigo en la órbita de ese programa”, dijo esta mañana el funcionario en declaraciones a radio Mitre y La Red.
Consultado sobre si se trata de una desaparición forzada, sostuvo que “esa definición la tiene que tomar la Justicia”: “No me corresponde abrir juicio sobre una investigación en trámite”.
No obstante, Garavano precisó que hay “recomendaciones” tanto de Naciones Unidas como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de que “en caso de duda, uno tiene que investigar el hecho como si fuera una desaparición forzada”. “Esto implica que la fuerza de seguridad que intervino no vuelve a intervenir y así está sucediendo. La Gendarmería hace tiempo que no interviene en el expediente. Y esto implica que también el juez y las fuerzas de seguridad tienen que tomar algún tipo de recaudos adicionales en relación a testigos y a otros participantes”, dijo.
Clarín
