Pese a los argumentos planteados por la defensa a cargo de Carlos Beraldi, los jueces de la Sala I decidieron que Máximo Kirchner seguirá apartado de la administración de la inmobiliaria Los Sauces SA –investigada por lavado de dinero-. Asimismo, consideraron que el Condominio que hoy explota el alquileres de las propiedades que pertenecían a la Sucesión, continuará intervenido.
Así, en el marco de la causa Los Sauces SA donde Cristina Kirchner y sus hijos, están procesados por asociación ilícita y lavado de activos, Raquel Moyano seguirá a cargo de la intervención del Condominio «Máximo y Florencia Kirchner», mientras que Francisco Branda continuará con su cargo frente a la inmobiliaria.
La intervención de la empresa se determinó por orden del juez Claudio Bonadio el 15 de diciembre de 2016 y se prorrogó hasta diciembre de este año. De esta manera, los Kirchner seguirán sin poder administrar su empresa.
Para Bonadio la inmobiliaria tenía como objetivo percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita» y que la “devolución o retorno» se realizaban según el extenso fallo, mediante “contratos de alquiler» con Lázaro Báez y Cristóbal López junto a su socio Fabián De Sousa, que representaron el 86 % de la facturación: garantizaron a los Kirchner más de $ 25 millones entre 2009 y 2015.
La defensa había solicitado que Máximo Kirchner vuelva a manejar los negocios familiares, pidiendo que se coloque un veedor informante y que con dicha figura, que no desplaza al administrador «se puede igual obtener información sobre relaciones comerciales o jurídicas, «sobre todo porque la documentación se encuentra íntegramente en poder del juez», sostuvo el letrado.
De todos modos, los camaristas confirmaron la intervención. El juez Ballestero planteó que la causa Los Sauces SA sostiene que la empresa «se constituyó con el único objetivo de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación de la obra pública» en el caso de Báez, «adjudicada ilegítimamente por Néstor y Cristina Kirchner» y que la «devolución o retorno se hacía mediante contratos de alquiler».
En función de esto y ante dicha hipótesis, «es necesario proceder a su inmediata neutralización» de los delitos cometidos, lo que el Juez «canalizó mediante la intervención judicial poniendo cese al proceder espurio que le adjudicó».
Así, se planteó que la intervención dispuesta hasta diciembre de este año, «resulta adecuada, proporcionada y razonable»entendiendo que es para «proteger» los bienes que pertenecen a la inmobiliaria y al Condominio.
En este sentido, remarcó que el Condominio también debe continuar intervenido. «La maniobra que se investiga tiene, entre sus hipótesis centrales, la utilización del cobro de alquileres con engranaje dentro de una presunta actividad de origen ilícito«. Justamente, el Condominio después de intervenida la Sucesión comenzó a cobrar y facturar a los alquileres de los inmuebles. Agravado porque después se pidió que se realicen los pagos en una «cuenta distinta a nombre de una tercera persona«.
Por su lado, el juez Bruglia adhiriendo a los argumentos de su par, planteó que la intervención en el marco de esta causa es la «más adecuada» porque resulta «suficientemente abarcativa y eficiente» teniendo en cuenta que son «bienes que generan frutos como la percepción de alquileres, que deben ser estrictamente resguardados a la luz de los hechos de la imputación».
Asimismo, el camarista señaló que la medida cautelar sobre el Condominio «logró advertir y frustrar la maniobra que habría efectuado el contador Víctor Manzanares«, preso hace un mes acusado de obstrucción a la justicia.
Además, los jueces determinaron que Máximo y Florencia Kirchner deberán pagar con sus «bienes y recursos» la deuda que la AFIP le ejecutó a la Sucesión por $ 884.799: corresponden al vencimiento del pago del IVA por $772.633,26 y $ 112.166 por el Impuesto Bruto.
La decisión fue tomada por el juez Bonadio pero la Sala I debía decidir si efectivamente los hijos de Cristina Kirchner deberían hacer frente a dicha deuda. Quedó confirmado que sí.
Los únicos que perciben un sueldo sin afectación de medidas judiciales son Máximo y la ex Presidenta, que cobra su pensión por viudez en el Banco Nación, de donde recientemente se derivaron $ 43.979 que adeudaba su hija de gastos y expensas del departamento donde vive en el barrio de Constitución.
Florencia es la más complicada, tiene embargado su sueldo como directora «sin funciones asignadas ni carga horaria» de Los Sauces SA, por más de 61.229,55 pesos en mano y embargados los 5 millones de dólares que tenía en el Banco Galicia. Además, laAFIP le ejecutó una deuda de $ 120.000 correspondiente al anticipo de ganancias y bienes personales.
Clarín
