En el marco del escándalo que involucra a algunos gremios por la detención de varios dirigentes en el marco de casos de corrupción, el sindicalismo continúa en el ojo de la tormenta por dos causas que investigan a dos amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles de contribuyentes, entre los que se encuentran decenas de empresas y sindicatos de todo el país.
La investigación, que surgió de una denuncia de la AFIP, compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano (camioneros), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Carlos Acuña (estaciones de servicios) y Antonio Cassia (petroleros).
En la causa que llevan adelante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella ya fueron procesadas 17 personas y una se encuentra prófuga.
Además, allanaron una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión.
El operativo para dar con la facturación apócrifa alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros, según publicó este lunes el diario La Nación.
Desde la Justicia ahora deberán determinar si la utilización de las facturas truchas fue «dolosa o culposa» y si la maniobra incluyó algún otro delito como lavado de dinero.
«Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado», indicaron los investigadores a ese diario, en tanto que los gremios se despegaron de las acusaciones y aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP.
En las últimas semanas, el juzgado de Quilmes procesó a 16 miembros de la banda de las facturas truchas y detuvo a 12 personas con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos: mientras que sigue prófugo un integrante de la organización delictiva. Se trata de Eber Russo, un monotributista que tiene más de 70 propiedades y una amplia flota de autos de lujo.
En tanto, la causa comenzó con una investigación sobre la actividad del contador Ángel Guidoccio, un hombre cercano a Daniel Angelici y por eso fue denominada «caso Guidoccio». Sin embargo, el contador se despegó de esa operatoria y dijo que se trataba de una «confusión». La Justicia lo separó del caso y puso el foco en quienes le alquilaban oficinas al contador.
La maniobra incluía la creación de sociedades en manos de personas indigentes sin la capacidad económica ni administrativa para llevar a cabo ese tipo de operaciones y que emitían facturación electrónica falsa para entregar a terceros, a los fines de que pudieran evadir impuestos.
«Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT apócrifos. Una por el mantenimiento del salón de actos y otra por la compra de un software. Cuando nosotros detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria, como si fuera una salida en negro, y pagamos el punitorio», explicaron desde el Sindicato de Petroleros (Supeh).
Desde el gremio de Moyano también indicaron que desconocían la maniobra y señalaron: «No le dimos trascendencia más allá del aspecto político».
