La dirigente de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala fue trasladada este sábado a su casa en el barrio de Cuyaya, en la capital de Jujuy, por orden del Tribunal en lo Criminal n° 3 para seguir cumpliendo allí con la prisión preventiva.
El traslado se concretó poco antes de las 09:00 e incluye el levantamiento de las restricciones y la vigilancia por parte de Gendarmería Nacional que le había impuesto como condición el juez de instrucción Pablo Pullen Llermanos, dado que el tribunal consideró que el único control legal para el arresto domiciliario es la pulsera electrónica.
Con esta medida, el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy dio cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según evaluaron en el entorno de Sala.
«Dudaba cuando me enteré del traslado, porque la semana pasada me habían ido a buscar y después me dijeron que se suspendía. Esto es una pequeña luz de esperanza para empezar a creer en la Justicia», expresó la dirigente kirchnerista en declaraciones al medio La García.
Días atrás el Ministerio Público de la Acusación de la provincia había rechazado el pedido de traslado al domicilio en el que Sala vivió toda su vida, tras evaluar que «tiene dos pedidos de condena que sumarían una gran cantidad de años de prisión» y que «esa expectativa de aplicación de una pena tan elevada, hace altamente presumible que pueda darse a la fuga».
No obstante, el tribunal dio cumplimiento a lo dispuesto en noviembre del año pasado por la CIDH y ratificado por la Corte Suprema, que indicaron que la dirigente social debía permanecer en su casa porque su vida corría peligro en el penal de Alto Comedero.
Sala fue detenida en enero de 2016 por encabezar un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy para reclamar una reunión con el entonces recién asumido gobernador, Gerardo Morales.
Por otra parte, está imputada por presunto fraude de la administración pública, asociación ilícita y extorsión, en la causa conocida como «Pibes Villeros», en la que la fiscalía pidió una pena de 22 años de prisión.
En la semana que pasó la dirigente fue absuelta en la causa denominada «Balacera de Azopardo», donde estaba acusada de tentativa de homicidio.
Además, afronta la llamada «Megacausa» en la que se investigan presuntos manejos irregulares en torno a la construcción de viviendas sociales y en la que están imputados el ex gobernador Eduardo Fellner y el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López.
