Tras las inundaciones que afectaron al Litoral, el Gobierno informó que en los próximos días declararán la emergencia agropecuaria nacional en las cuatro provincias comprometidas. Se trata de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, que se vieron disminuidas en su capacidad de producción e infraestructura.
La medida había sido una recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastre Agropecuario (CNEyDA) en un encuentro convocado por el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, y el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi.
Con respecto a la situación de emergencia, el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, explicó que hay protocolos de la secretaría «que están en marcha para encarar la problemática». «El Senasa flexibilizó desde el inicio el movimiento de hacienda y contamos con mucha presencia territorial a través de esa entidad y de nuestros delegados para estar en contacto permanente con autoridades y productores», remarcó.
Según está establecido en la ley de emergencias, las provincias tendrán una prórroga del vencimiento de pago de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y a los bienes personales durante este proceso.
A su vez, se activa el plan de emergencia estipulado en el programa permanente para deuda exigible, con un plazo de hasta 48 cuotas; se suspende la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes; los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos comprendidos en este artículo deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado ; y cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda, se podrá deducir el 100% de los beneficios derivados de esas ventas en el impuesto a las ganancias.
En esta misma línea, Etchevehere informó como medidas extraordinarias una línea de crédito a 5 años con dos de bonificación del 50% de subsidio por parte de la secretaría.
También se aplicarán beneficios del Banco de la Nación para los productores afectados como la espera de vencimientos; suspensión de hasta 90 días de la iniciación de los juicios y procedimientos administrativos por cobros de deudas.
Por su parte, la AFIP presentó una nueva medida dirigida a los productores en emergencia a quienes no se les practicarán retenciones del impuesto a las ganancias, más allá de su situación en el SISA.
