El proyecto de ley destinado a bajar de 16 a 15 años la edad de imputabilidad encendió el debate en la sociedad, encontrando por un lado quienes lo apoyan y otros que lo rechazan e incluso quienes consideran, a diferencia del Proyecto de gobierno, que la imputabilidad debe bajarse a los 14 años.
Regresando a la propuesta oficial, ella aspira a crear un nuevo “Sistema de Responsabilidad Juvenil”, por el cual se considera la posibilidad de imponer condenas penales a jóvenes menores de 18 años y mayores de 15.
Las medidas privativas de libertad aplicables sólo se considerarán como último recurso, con posibilidad de ser revisadas y con plazos más breves posibles de detención, respecto de los delitos graves; mientras a los infractores de delitos menores o contravenciones se los exime de ello.
Por otra parte, la eventual pena aplicable para menores que cometieron delito no debe superar los 15 años, ni tampoco se podrá imponer condena de prisión perpetua o reclusión.
Otra de las consideraciones relevantes es que el plazo máximo de duración de la prisión preventiva es de 1 año, con la posibilidad de prorrogarse por 3 meses, siendo en el caso de los adultos una medida que puede durar 2 años y ser prorrogables por 1 año más.
Si bien existen razones o episodios violentos que impulsan a que gran parte de la sociedad a pensar en la aprobación de este proyecto, un cambio en el actual régimen penal de minoridad tiene un marco más amplio, que trasciende a la Constitución argentina misma.
En ese sentido, se deben analizar en primera instancia los tratados y convenciones internacionales a los que nuestro país se encuentra adherido, que establecen que la mayoría de edad se logra al cumplirse los 18 años. Por debajo de ella, las personas son consideradas menores de edad, como forma de promover la protección integral de de los derechos de niños y adolescentes.
En tanto, imponer una sanción privativa de la libertad debe hacerse evaluando que la verdadera finalidad de la imposición de una condena es lograr una reconsideración de sus conductas y una adecuada resocialización del individuo que delinquió, sostienen quienes están a favor de la iniciativa.
En disonancia con esa postura, los detractores sostienen que es necesario evaluar si el Estado será capaz de ejercer un control, para asegurar que la institución destinada a la contención de estos jóvenes será capaz de evitar que la medida ejerza un efecto contraproducente en el impulso delictivo del menor.
