El empresario Alberto Samid, sobre quien pesa una orden de detención por no presentarse a una audiencia judicial, rompió el silencio en una entrevista televisiva en la que anunció que no se entregará.
«No me voy a entregar con estos tipos, prefiero ser un fugado político que un preso político», lanzó, exaltado, al tiempo que aseguró que el fiscal Gabriel Pérez Barberá le pidió una coima de 1.800.000 dólares para liberarlo de la acusación de asociación ilícita y evasión de impuestos.
El empresario contó que al fiscal «lo denuncié (públicamente) hace dos semanas, me llamaron en un juzgado por una causa que estaba cerrada. Al tercer día el fiscal me pidió USD 1,8 millones, me da tres días para que junte el dinero. Lo denuncié públicamente, nadie se hizo eco, y ahora saltan que me van a buscar. No tengo la plata, y si la tuviera no la voy a poner».
«Estos tipos me quieren ir a hacer tomar agua podrida en Ezeiza, como están haciendo los muchachos. A los 71 años no voy a ir a tomar agua podrida. Si me agarran, mala suerte», agregó Samid, que además criticó a los jueces y fiscales federales: «Esto es lo que hacen estos tipos, son unos ladrones, sinvergüenzas y ahí hay que poner una bomba atómica en Comodoro Py. Eso no es Comodoro Py, es Comodoro Pro, ahí le roban la plata a la gente, los meten preso, es una cueva de ladrones. Yo estuve dos semanas yendo ahí, te das cuenta lo que es. Cuando llega alguien del Pro, están todos a los abrazos, cuando llega un peronista están todos serios».
En esa línea, Samid dio detalles del supuesto pedido de coima: «A cinco metros del fiscal estaban los jueces y a diez metros había dos policías. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, le pregunté al fiscal, que me dijo ‘esto es un pacto de caballeros, ponga USD 1,8 millones y se arregla todo’. Junte la plata y hablamos. Fue todo de 30 segundos, muy rápido. Se tomó tres días de vacaciones durante el juicio, y cuando volvió, me mandé a mudar. Yo la plata esa no la tengo, y si la tengo no la voy a poner».
«Hace seis meses Chiche Gelblung me dijo ‘vos estás en una lista, ¿sabés que vas a ir preso?’. Después lo dijo Mauro Viale, que iba a ir preso en marzo. ¿Cómo sabían eso? Es una cosa de locos», aseguró Samid. «Yo tengo 71 años, si me meten seis meses en cana, salgo con 90 años, ¿quién me la paga? Aunque después me pidan perdón. Ni un minuto puedo estar preso, tomo pastillas, soy un tipo grande», explicó.
Por otro lado, advirtió: «¿Cómo me voy a entregar en Comodoro Py?. Todos los jueces federales cobran un sobre del gobierno nacional de turno, diez veces el sueldo que cobran.
Son empleados del gobierno de turno. Voy a ir a esta justicia a entregarme? Y los fiscales, que saben cómo es, aprietan a todo el mundo porque a los jueces los tienen agarrados de las bolas. Yo se perfectamente cómo era la causa».
Económico 1 ordenó la detención de Samid por no presentarse a escuchar el veredicto que iba a dictarse este miércoles en su contra en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión. Por unanimidad el Tribunal dispuso la detención del empresario al no presentarse el domingo –día inusual convocado para una última audiencia de juicio– y tampoco este miércoles, fecha en la que estaba programada la sentencia.
El juicio se realiza los sábados y domingos para abreviar los plazos de la duración del proceso, se informó. Samid debía presentarse en las dos oportunidades y no lo hizo, por lo que no se dictó veredicto del caso, la Fiscalía le reclamó a los jueces que adoptaran medidas y respondieron con la orden de detención.
Por el momento, el llamado «Rey de la carne» no fue declarado prófugo, aunque no hay certezas sobre su paradero.
El fiscal en lo penal económico Gabriel Pérez Barberá había pedido la semana pasada seis años y seis meses de prisión, al considerar que el empresario fue parte de una asociación ilícita a través de la cual se evadían impuestos de la comercialización de carne.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, también pidió una condena para Samid y el resto de los acusados. La investigación por evasión y asociación ilícita comenzó en 1996 por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne. La orden de detención y el juicio está a cargo del Tribunal Oral Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini.
