En un extenso escrito redactado en primera persona, el juez federal Luis Rodríguez se defendió ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura,que debe evaluar si corresponde o no abrir un proceso de juicio político en su contra. Esta Comisión comenzará a analizar el descargo del magistrado en su reunión del próximo martes, así como los pasos a seguir en el expediente que instruye el consejero académico Diego Molea.
Rodríguez fue señalado por Carolina Pochetti en su declaración como arrepentida en la causa de los cuadernos de las coimas, como el juez a quien su marido, Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, le habría pagado una coima millonaria a través de su abogado -Miguel Plo – para favorecer su situación judicialmientras lo investigaba por lavado de dinero.
Esa afirmación – que otros tres arrepentidos dijeron haber escuchado con algunas variantes – le valió a Rodríguez la apertura de una causa en la Justicia, y tres nuevas denuncias en el Consejo de la Magistratura. En total, el magistrado acumula ocho denuncias en el organismo que designa y remueve jueces.
Tras ser notificado del inicio de la investigación por su actuación en la causa vinculada a Muñoz, el magistrado presentó en la Comisión de Acusación un minucioso descargo de índole jurídica – no exento de consideraciones personales– a través de su abogado, el penalista Oscar Vignale. Por el extremo bajo perfil de Rodríguez -conocido por su resistencia a hablar con la prensa-, su contenido no había trascendido hasta ahora.
El escrito -al que accedió Infobae -está compuesto de dos partes. En la primera, a lo largo de 182 páginas el magistrado defiende su actuación en el expediente abierto contra Muñoz, Pochetti y su entorno, del que fue apartado por la Cámara Federal en octubre pasado.
En la segunda, de otras 43 páginas, Rodríguez detalla su situación económica y patrimonial, y pide que se mantenga «reservada por contener datos sensibles» relacionados con su vida familiar.
Tras hacer un repaso de su trayectoria de 24 años como juez -primero de en el fuero de Instrucción y luego en Federal- y 42 en el Poder Judicial, sostiene que fue sometido a una»condena mediática» sustentada en «feroces agravios», pero asegura estar dispuesto a defenderse y a «no refugiarse en el desánimo de los tibios».
«No voy a renunciar ni a tomarme una prolongada licencia, ni a jubilarme, ni a enfermarse, ni a deprimirme. No pienso escurrirme en silencio de la escena que hoy me tiene como protagonista. Si se considera, una vez evaluado mi desempeño y puestas en consideración mis explicaciones del mismo, y resulto finalmente removido de mi cargo, deberán notificarme de ello en mi despacho. Allí, a no dudarlo, me encontrarán sentado y trabajando frente a mi computadora», asegura el magistrado que quedó en la mira pública y motivó una marcha pidiendo su destitución y «basta de impunidad».
A lo largo de su escrito, el magistrado cuestiona fuertemente la actuación del fiscal Carlos Stornelli, con quien mantiene un enfrentamiento que es vox pópuli en los pasillos de Comodoro Py. Fue Stornelli quien, en septiembre pasado, solicitó la citación a indagatoria y prisión preventiva de la viuda de Muñoz y de otros cinco acusados en la causa, así como el congelamiento de los bienes y cuentas del grupo detectados en los Estados Unidos.
Ante la negativa de Rodríguez, el fiscal recurrió a la Cámara Federal, y la Sala II le ordenó hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía. Dos semanas después, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia resolvieron apartar a Rodríguez por considerar que no valoró los posibles riesgos de su decisión para la investigación y el futuro decomiso de bienes. Sin embargo, no lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por posible mal desempeño, hecho que destaca el magistrado en su presentación.
Rodríguez es crítico también de la actuación del responsable de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, y de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, querellantes en el expediente abierto contra el ex secretario de Kirchner y su viuda.
Señala que estos funcionarios revelaron a los medios información «sensible» referida a la investigación sobre sus sociedades y propiedades en el exterior. Afirma que esas declaraciones no eran del todo apegadas a la verdad y las califica de «imprudentes», por el pedido de reserva de las autoridades judiciales de los Estados Unidos respecto de los datos enviados a su Juzgado.
Denuncias «temerarias»
Además de cuestionar a los funcionarios, Rodríguez rechaza las denuncias en su contra presentadas en el Consejo por los legisladores de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, por considerar que «se fundan únicamente» en notas periodísticas, «desprovistas de cualquier aspecto técnico o legal que les den sustento». Lo mismo opina de la presentación realizada por Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras criticarlas por su «liviandad», argumenta que contienen «acusaciones temerarias», «sin fundamentos y sin haber tenido acceso al expediente judicial, ni a un conocimiento acabado de las medidas dispuestas en la causa».
Las investigaciones contra Muñoz
El magistrado hace un repaso del inicio de la causa contra Muñoz , a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, basada en los Panama Papers. Esta investigación reveló que Muñoz y Pochetti constituyeron una sociedad –Black Gold Limited– en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), destinada a inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos. Esa operatoria se concretó inmediatamente después de que el ex secretario privado de Kirchner dejara formalmente su cargo en 2009. Si bien inicialmente las acciones eran al portador, sus nombres salieron a la luz al emitirse los certificados de acciones nominativas en enero de 2015.
El certificado revelado en los Panama Papers en abril de 2016, que certifica que Pochetti era dueña del 50% de las acciones de Gold Black Limited.
A la denuncia de Monner Sans se sumó otra del fiscal Guillermo Marijuán luego una nota de Infobae de abril de 2016, que revelaba detalles hasta entonces desconocidos del entramado de empresas de los «socios offshore» del ex secretario de Kirchner y la adquisición en Miami de propiedades por casi USD 40 millones.
Rodríguez advierte en su descargo que la causa que se abrió en su Juzgado «en gran parte representa una reedición de cuestiones que ya han sido motivo de juzgamiento», y menciona que el propio Monner Sans reclama en su denuncia que «hubo cosa juzgada írrita».
En este sentido, recuerda que Muñoz había sido sobreseído previamente en dos oportunidades por hechos «similares». En 2011 por Bonadio por presunto enriquecimiento ilícito, y por el propio Rodríguez, en 2015, por una denuncia de Elisa Carrió del 2013, a partir de las declaraciones de Miriam Quiroga. La ex secretaria de Kirchner había afirmado que Muñoz transportaba bolsos con dinero ilegal desde la Casa Rosada hacia Santa Cruz. Pero el juez no encontró entonces pruebas y lo sobreseyó, junto a las personas ligadas a él en el caso.
Este segundo sobreseimiento fue apelado por la UIF por considerar que no estaba agotada la investigación por posible lavado de dinero, a partir de información que el organismo aportó al expediente, y la decisión de su reapertura está hoy en manos de la Corte Suprema.
Estas dos resoluciones previas exculpando a Muñoz, en opinión de Rodríguez, exigían «extremar la prudencia en la instrucción». No obstante lo cual destaca en su escrito que tomó la decisión de «emprender -excepcionalmente- una tercera y ardua investigación».
«Las constancias en el expediente -asegura el magistrado- muestran objetivamente que gracias a la actividad jurisdiccional que desplegué, pudieron ser traídas al proceso algunas de las personas que dicen que hoy tratan de defenestrarme (por los arrepentidos). Es obvio, si soy quien las puso al descubierto en el raid delictivo que habían emprendido».
Defensa de lo hecho
Como ejemplo de su proactividad en la causa, relata que el 21 de junio de 2016 dispuso -sin mediar pedido de Stornelli- los allanamientos al domicilio de Pochetti, y de dos inmuebles en Mar del Plata vinculados al entonces matrimonio de Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, señalados como testaferros de Muñoz. Sostiene que fueron concretados «aún antes que se pudiera corroborar cualquier dato con las autoridades judiciales extranjeras».
Agrega que convocó como testigo al periodista Hugo Alconada Mon por las revelaciones de los Panama Papers, y que tras esa testimonial, fue también él quien «incentivó la ampliación de la investigación haciéndola extensiva a Pochetti, Todisco y Municoy» por lavado de dinero. Esta figura «superaba claramente el marco de la omisión maliciosa en la inserción de datos en su declaración jurada por parte de Muñoz, que había requerido originalmente el fiscal Stornelli».
Dejando traslucir su molestia con este fiscal, afirma en su escrito: «El lector desprevenido puede considerar que la Fiscalía ha pugnado durante todo el trámite por obtener el dictado de una serie de medidas, y que le ha negado sistemáticamente la jurisdicción (en referencia a sí mismo como juez de la causa). Nada más alejado de la realidad. Todas las solicitudes efectuadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la UIF y la propia Fiscalía que actuó en la instancia -impulsoras todas ellas del proceso- fueron atendidas de inmediato y proveídas positivamente».
Rodríguez enumera más de 50 medidas que dispuso en dos años y medio, con sus respectivas fechas, y la intervención que le dio a los organismos querellantes, «sin que se registraran reclamos» de parte de la Fiscalía Federal Nº 4, la UIF, la OA o la PIA.
Recuerda, por ejemplo, que cuando el 5 de julio de 2017 la Fiscalía y la UIF pidieron la inhibición general de bienes en el país de Pochetti y el resto de los imputados, ordenó esa medida «en forma inmediata». Y destaca que ni la Fiscalía ni las querellas «pidieron el congelamiento de bienes o cuentas en el extranjero hasta ese momento». Desmiente así «que los pedidos de inhibiciones transnacionales» hayan sido desoídos.
En ese punto, destaca que «tan solo en una oportunidad», en septiembre del año pasado, la Fiscalía y la UIF pidieron la declaración indagatoria de los imputados, su detención, y el congelamiento de bienes y cuentas en el exterior, «lo que en un primer momento se tuvo presente».
Se refiere así al pedido de Stornelli del 14 de septiembre del año pasado y de la UIF seis días después, sobre la base de la información remitida por las autoridades de los Estados Unidos y de los informes de inteligencia aportados a la causa. El fiscal argumentaba en su requerimiento que «existía cuanto menos un grado de sospecha suficiente para citarlos, en orden a la hipótesis de haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y el extranjero», con el fin de lavar dinero de origen ilícito, «presumiblemente originado en los hechos investigados» en la causa de los cuadernos.
En defensa de su accionar, Rodríguez sostiene en cambio:»Seguramente hubiera sido más simpático para la opinión pública y hubiera merecido titulares mucho más amables, si se hubiera dispuesto graciosamente y sin fundamento alguno, el congelamiento de todas y cada una de las cuentas de las que hoy se tiene conocimiento, sin saber a quien pertenecían ni a qué transacciones correspondían el dinero que en ellas había, y sin dimensionar las consecuencias que ello podría acarrear».
El reto de la Cámara
Lo cierto es que la negativa inicial de Rodríguez a acceder a este pedido de medidas de «carácter urgente» derivó en que Stornelli llevara su reclamo a la Cámara, por considerar que el magistrado «relativizó el peso de las probanzas y el serio grado de sospecha que pesa sobre los imputados, y el carácter y entidad de las información aportada por la UIF».
Para Stornelli, «seguir produciendo prueba sobre el destino de los dineros producidos de las ventas de las propiedades -como planteaba el magistrado- resultaba claramente redundante y dilatorio frente a las pruebas que se erigen hoy, para tener por probado hasta este momento, con el grado de provisionaldiad propio de la etapa, la comisión de delitos de acción pública».
Finalmente, por la intervención de la Sala II, un mes después, el 22 de octubre, Rodríguez libró el pedido a China de congelamiento de USD 1,4 millones, y otro a Suiza de USD 2,5 millones identificados en cuentas vinculadas a Carlos Temístocles Cortez, acusado de ser otro de los testaferros de Muñoz.
En cuanto a la detención de Pochetti, Rodríguez defiende en el escrito ante el Consejo su decisión de hacer lugar al pedido de excarcelación porque «no consideró que pudiera fugarse o interferir en la investigación». Y aclara que «no obstante le prohibió salir del país, le retuvo al pasaporte y le fijó una caución real de $ 10 millones y la obligación de presentarse en el tribunal cada mes».
Pochetti fue detenida poco después del fallo de la Cámara, pero por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos. En ese expediente se acumulaban los testimonios que sindicaban a Muñoz como el encargado de recibir el dinero de las coimas de la obra pública en el departamento de la entonces presidente Cristina Kirchner.
Dispuesto a defender su actuación más allá de las críticas que le generaron, agrega: «No me pareció serio entonces (septiembre de 2018) ni tampoco ahora a la luz de lo que se conocía por entonces. Los títulos de los diarios y las placas de las pantalla, por lo menos a mí, me tienen sin cuidado y nunca han sido dirimentes -ni mucho menos gravitantes- a la hora de resolver, ni en el expediente al que me vengo refiriendo, ni en ninguno de los miles que me ha tocado instruir a lo largo de los casi 25 años que llevo ejerciendo la magistratura».
Según Rodríguez, la marcha del proceso estuvo guiada por «la imperiosa necesidad de confirmar en el extranjero los datos que fueron incorporándose y cuyas fuentes se encontraban también en el exterior».
Recuerda que los primeros exhortos a Estados Unidos y a BVI se libraron en septiembre de 2016, y fueron reiterados en mayo y agosto de 2017, y que la respuesta de las autoridades norteamericanas recién llegó en febrero de 2018. El Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, en tanto, respondió denegando la información solicitada.
También destaca que se amplió a otras jurisdicciones los pedidos de información – China, Andorra, Panamá y México-, a partir de los informes de inteligencia aportados por la UIF que «debían ser corroborados en el ámbito judicial».
Rodríguez acusa a Stornelli de ser quien «por primera vez introdujo la equivocada noción de supuestas demoras que habrían afectado todo el trámite del proceso».
Y lo cuestiona porque «recién planteó medidas con urgencia como indagatorias y congelamiento de bienes el 14 de septiembre de 2018», tras el estallido de la causa de los cuadernos. «Cuatro meses después que la UIF presentara su informe en junio (sobre las operaciones de ventas y transferencias del entorno de Muñoz en el extranjero) que replica en su dictamen. Siete meses después que Estados Unidos enviara la información requerida por exhorto. Nunca desde la Fiscalía, durante el 2018, se procuró el expediente ni se solicitó vista, esa es la verdadera urgencia que los datos contenidos en la causa le generaban», asegura.
Rodríguez recuerda que apenas cuatro días después del pedido del fiscal, se sumó el pedido de la UIF solicitando las mismas medidas, algo que no había hecho el organismo al presentar su informe en junio (del 2018), cuando «mantenía su apego a la obligatoriedad de confirmar toda la información originada en el extranjero». El titular de la UIF fue uno de los que reclamó públicamente por «la falta de avances en la investigación» que llevaba adelante Rodríguez.
El magistrado afirma que cuando tuvieron lugar los pedidos del fiscal y la UIF en septiembre pasado, él «ya había dispuesto las medidas cautelares solicitadas en el país, prorrogados incluso los pedidos de inhibitorias de bienes» y que «la causa se encontraba en pleno trámite de corroboración de datos originados en el exterior por parte de las autoridades judiciales extranjeras».
Tras destacar que «el llamado a indagatoria es una decisión del juez», advierte que por el pedido de inhibición en el expediente que le había hecho Bonadio el 13 de septiembre de 2018, y el de declinatoria por parte del fiscal una semana después, «no estaba claro ante quien debían presentarse (los imputados) a declarar por la superposición de los pedidos» de Stornelli.
«La aseveración del fiscal respecto de que el juez ‘no ha ordenado las medidas para preservar la etapa probatoria y el recupero de bienes, lo cual obstruyó el arribo a la verdad y contribuyó a garantizar la impunidad de los acusados’, ha quedado reducida a un slogan publicitario, en este caso, el peor de sus usos porque instala una idea infundada e inexistente, como el que cualquiera de los presentantes habitualmente utiliza –frases hechas para crear impacto– ante el requerimiento periodístico», asevera.
Sobre las declaraciones de los arrepentidos
En opinión de Rodríguez, hubo una «sobrevaloración probatoria» de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, «toda vez que la propia ley señala que la materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre las bases de esas manifestaciones». En ese sentido, argumenta que «no se puede dejar de lado que los imputados tienen intereses en la resolución del caso en el que están involucrados».
Asimismo, el magistrado le pide al Consejo que requiera a la Fiscalía de Stornelli «las constancias de los registros de los arrepentidos a través de los medios técnicos idóneos que deberán garantizar la evaluación de tales expresiones», tal como prevé el artículo 6º de la Ley del Arrepentido. El reclamo obedece a que solo se incorporaron al expediente abierto en el Consejo extractos de sus confesiones ante Stornelli y Bonadio en la causa de los cuadernos.
En poder de la Comisión de Acusación se encuentran las declaraciones de Pochetti, de la agente inmobiliaria marplatense Ortiz Municoy y del ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo. Al momento de elaborar su descargo no había llegado aún la del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, que fue incorporada después.
Rodríguez confronta los dichos de Pochetti con las medidas que dispuso en la causa. Por ejemplo, que su abogado Plo le había avisado un día antes del allanamiento a su casa en el barrio de Saavedra, cuando el operativo fue el 24 de junio de 2016 y el letrado no se presentó como defensor de la viuda de Muñoz hasta noviembre, en reemplazo de Germán Soria.
También desmiente el supuesto pedido de Muñoz, cuando ya estaba internado en estado delicado, para que «trataran de sacarla de la causa» a Pochetti, ya que para ese momento, su marido «había arreglado el pago» a través de Plo. Rodríguez afirma que para esa misma época, poco antes de la muerte de Muñoz en mayo de 2016, le corrió vista al fiscal para que imputara también a Pochetti, que aparecía como dueña del 50% de la firma Gold Black Limited, y ampliara la acusación al posible lavado de dinero.
El magistrado rebate la «confesión» de Pochetti de que Plo le había dicho que «el señor Rodríguez, el juez», les «había indicado que debían vender todo», siendo que de los 16 inmuebles adquiridos en Estados Unidos, 7 fueron vendidos entre 2013 y 2015, antes del inicio del proceso, y 5 en 2016, inmediatamente después. Y agrega que para cuando Plo se presentó en el expediente como abogado de Pochetti, en noviembre de 2016, «casi la totalidad de las maniobras en el extranjero ya habían acontecido».
Para el titular del Juzgado Federal Nº 9, la viuda de Muñoz «mintió descaradamente» para obtener la libertad y mejorar su situación en la causa. Tras pasar cuatro meses en prisión, Pochetti declaró como arrepentida ante Stornelli, y Bonadio accedió a liberarla el 22 de febrero pasado.
Al respecto, Rodríguez sostiene que «resulta no menos que sorprendente que la totalidad de los riesgos procesales impetrados a voz en cuello por el Dr. Stornelli en aquel momento (cuando fue detenida por septiembre de 2018) se hayan visto neutralizados en menos de cuatro meses, sobre todo cuando la experiencia en el libramiento de rogatorias internacionales me indica que difícilmente en ese lapso se hayan podido corroborar y reputar como ciertos los ‘aportes’ que la imputada pudo hacerle a la investigación en la causa de los cuadernos».
La «condena mediática»
Sobre el final, Rodríguez se queja de la «condena mediática» a la que se vio sometido. «Los medios se han dedicado a llevar adelante una suerte de instrucción del proceso en mi contra y erigiéndose en jueces, fiscales y jurados han arribado incluso a mi condena. Y sin desconocer –ni dejar de padecer– por los oprobios recibidos, elegí no responderlos públicamente ya que siempre entendí que no es por los canales de televisión o radio por donde los funcionarios debemos pasear nuestras opiniones».
Sin embargo, advierte: «No habré de admitir que se confundan sobriedad con vergüenza, ni prudencia con cobardía. Ahora ha llegado el momento y el tiempo de hacer escuchar mi voz en el ámbito que corresponda y no habré de desperdiciar la oportunidad de hacerlo».
Y en esta línea, agrega: «Se encuentra instalado en el inconsciente colectivo de la ciudadanía todo acerca de mi persona. La primera es que ‘me copié’ en el examen que rendí para ser juez federal, y la segunda, que recibí una coima de diez millones de dólares para favorecer la situación de Carolina Pochetti dentro del expediente que tuve a mi cargo, al hacer lugar a la solicitud de la defensa y concederle el beneficio de la exención de prisión. Ahora bien, desde estos feroces agravios se ha construido lo que pretende ser mi imagen completa y acabada sin que se me permita darle lugar a nada más que no sean ofensas que abonen esta foto parcial que, desconozco por qué, con tanto empeño, no deja de afirmarse en cuanto medio periodístico toque el tema».
Medidas de prueba
Como parte de su estrategia de defensa Rodríguez apela a la histórica posición del Consejo de no avanzar en la destitución de un juez por sus fallos, una doctrina adoptada para evitar condicionamientos en el ejercicio independiente de la magistratura.
En este sentido, recuerda que «las cuestiones de exclusivo orden procesal» en el ámbito de jurisdicción del juez no son causales de mal desempeño, y que las sanciones disciplinarias solo se justifican «en aquellos casos en que surgiera en forma manifiesta el desconocimiento palmario de las leyes o violación de las garantías constitucionales».
Como medidas de prueba, solicita a la Comisión de Acusación y Disciplina que se requiera al Servicio Penitenciario Federal un informe de las visitas recibidas en prisión por Pochetti y por Ortiz Municoy, otra de las arrepentidas en la causa de los cuadernos que también fue liberada después de arrepentirse.
Rodríguez pide, por último, que se consulte al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para que informe si Stornelli pidió entrevistarse con sus pares norteamericanos «a raíz de la invitación cursada en el marco de la respuesta a los exhortos internacionales librados en la causa». También, que la misma consulta sea trasladada a los titulares de la UIF y de la OA, y se reservar el pedido de citarlos a declaración testimonial para preguntarle si realizaron o no estas gestiones.
Explicaciones sobre su patrimonio
En la segunda parte de su descargo, Rodríguez detalla su situación patrimonial. Afirma que vive en el mismo departamento en Palermo desde 1996, conduce una camioneta de alta gama y tiene una casa de fin de semana, que se construyó entre 2013 y 2016 sobre dos lotes de un barrio privado de Escobar.
Esa información coincide con la que ya tiene la Comisión, que pidió informes a los Registros Inmueble y Automotor, y abrió sus declaraciones juradas. Sus bienes son compartidos en un 50% con su esposa, Silvia Arcos Valcarcel, y entre los consejeros habría consenso de que de sus bienes no surgen cuestionamientos.
En su descargo afirma que sus ingresos y los de su mujer – actual secretaria letrada de la Corte Suprema -provienen de sus sueldos en el Poder Judicial, y que «las erogaciones patrimoniales concretadas tanto por el suscripto como por su grupo familiar no exceden los ingresos declarados».
Por impulso del consejero Molea, la Comisión ya pidió los movimientos bancarios y de tarjetas de crédito del magistrado y su esposa, sin que haya surgido ningún dato llamativo.
Según el informe de Rodríguez sobre su patrimonio al cierre del 2018 -que no se conocía hasta ahora ya que aún no venció el pazo para la presentación de las declaraciones juradas ante la OA ni las impositivas ante la AFIP- su sueldo ascendió el año pasado a $228.000 mensuales y el de su mujer a $ 192.000.
Rodríguez declara ahorros con su mujer a principios del 2018 por $ 1,6 millones en cuentas bancarias y efectivo. Sumados a sus sueldos, la venta de moneda extranjera y la de un Honda CR-V modelo 2009 por $350.000, sus ingresos totales ascendieron a casi 6,3 millones. Descontados los gastos anuales declarados por $4,2 millones, la erogación por la compra de una camioneta Audi Q5 nueva por casi $ 1,5 millones, y la adquisición de dólares por otra cifra similar, el saldo final de caja al cierre del ejercicio 2018 ascendía a $ 704.000.
Tras el minucioso racconto de la adquisición de sus bienes, sus ingresos, ahorros bancarios y gastos familiares, el juez concluye que «no existe chance alguna de imputarme conductas desdorosas». Y finaliza con una apelación a los consejeros para que se desestime la denuncia en su contra.
