Los casi 3.450 metros sobre el nivel del mar en los que se ubica a la jujeña localidad de La Quiaca se hacen sentir. Caminar, hablar y cargar equipo al mismo tiempo puede llegar a ser una tarea complicada. La aridez del altiplano se extiende más allá del alcance del ojo humano y un río carente de agua (el río La Quiaca) es, además del único y casi imperceptible límite fronterizo, una de las razones principales para que militares y gendarmes estén allí.
«Las tropas desplegadas en la Frontera Norte vienen a dar respuesta a los desafíos del siglo XXI, esto es una nueva forma de emplear el instrumento militar, en este caso dando apoyo las fuerzas de seguridad y haciendo soberanía por presencia. Estamos empeñados en mantener el control de los espacios soberanos, afianzando los conceptos de control terrestre, aeroespacial y ciberespacial», sostuvo el teniente general VGM (Veterano de la Guerra de Malvinas) Bari del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Resulta importante destacar que, si bien los textos e imágenes de esta crónica refieren reiteradamente a personal y medios del Ejército Argentino, la nueva dinámica impuesta por el Ministerio de Defensa en lo relativo a operaciones en el terreno por parte del personal militar, están a cargo de un Comandante Operacional Conjunto al que reportan los componentes de cada una de las tres fuerzas armadas.
Según lo detallado por el Tte. Gral. Sosa, este tipo de operaciones revisten un carácter de integralidad y de uso racional de los recursos del estado: «No solo estamos apoyando el accionar de las Fuerzas de Seguridad, en distintos escenarios interactuamos con los ministerios nacionales de Salud y Acción Social y de Educación. También lo hacemos con los distintos municipios y gobernaciones».
¿Operaciones militares o policiales?
A pesar de que durante 2018 el gobierno modificó el decreto reglamentario de la ley de Defensa pergeñado por Nilda Garré, reemplazándolo por el 727/18 y ampliando de esta forma el horizonte de actuación del instrumento militar más allá del anterior límite de actuación dado solo por la existencia de una agresión territorial proveniente de una fuerza militar regular de un estado extranjero, persiste la doctrina que indica que en ningún caso las FFAA puedan realizar tareas operativas de tipo policial.
¿Cómo se actúa entonces para no violar la ley?
El general de División Carlos Pérez Aquino es el comandante operacional conjunto a cuyo cargo están las tropas que se despliegan en distintos puntos del norte argentino. «En la actualidad tenemos desplegados casi 700 efectivos afectados al operativo ‘Integración’ y otros 200 que atienden todo lo relacionado con el control radar del espacio aéreo», reveló.
El propio Aquino brinda la respuesta al interrogante planteado: «El Estado Mayor Conjunto coordina el despliegue de efectivos a diferentes zonas geográficas de acuerdo al requerimiento de las fuerzas de seguridad. En los mismos no solo se brinda apoyo logístico y técnico a las mismas, sino que además los componentes desplegados realizan tareas de ejercitación propias de su especialidad. Están presentes en el terreno desde especialidades de combate hasta las correspondientes a las tareas de apoyo, como por ejemplo los miembros del Arma de Ingenieros».
De esta forma (según lo detallan otros miembros del contingente con los que Infobaerecorrió los asentamientos ubicados en La Quiaca, Tafna, Sansana Sur, General Mosconi y Dique Itiyuro, ubicados en Jujuy y Salta) la ejercitación militar tiene un efecto altamente disuasorio para que las organizaciones dedicadas al narcotráfico se abstengan de intentar ingresar al territorio nacional por los puntos de frontera en los que se desarrollan los mismos.
El mayor Federico Carbone está al frente de un equipo de combate (Equipo Salta) desplegado con su unidad en la localidad de Tartagal. Al finalizar un ejercicio que incluyó artillería aérea y terrestre con munición de combate explicó: «El equipo Salta, cubre la frontera desde el río Bermejo hasta el límite norte y oeste con Bolivia y al este con Paraguay. Nos encontramos haciendo adiestramiento operacional, lo que nos permite marcar la presencia del estado en puntos de difícil control, en zonas de frontera».
La rotación de efectivos se realiza cada 30 días. Esto implica que el número de personal afectado a esta nueva modalidad operativa excede a los 700 desplegados en el terreno ya que siempre hay una cantidad equivalente de tropas en fase de preparación. De la misma forma, uno de los secretos del éxito de la tarea conjunta radica en la rotación de los puntos de asentamiento: son las fuerzas de seguridad las que determinan ese movimiento y de esta forma el efecto sorpresa se potencia.
En La Quiaca, el subteniente Molinari presta servicios en el Regimiento de Caballería de Montaña 5. Está desplegado con dos hombres en uno de los muchos «POE» (punto de observación). Allí, un par de observadores mimetizados con la geografía del lugar monitorean el tránsito de personas y vehículos. «Este es un puesto de observación adelantado ubicado frente al límite entre Bolivia y Argentina. Si de la observación que realizamos se detecta algún movimiento sospechoso, se cursan las notificaciones respectivas para que las fuerzas de seguridad tomen las medidas pertinentes», detalló Molinari.
Si bien resulta indiscutible que la misión primaria de las FFAA es la defensa de la soberanía nacional y de la integralidad territorial, la presencia de centenares de efectivos en regiones repletas de necesidades por parte de sus pobladores crea necesariamente una misión subsidiaria que es altamente valorada por los pobladores locales, quienes en gran parte son miembros de pueblos originarios.
Susana Cansalla es presidente de la comunidad aborigen de la localidad de Sansana (Jujuy) y expresa su satisfacción por la presencia de los efectivos militares en la región: «Nos están dando una mano, fundamentalmente con la construcción de pozos ciegos que son muy necesarios para la comunidad». Además, la dirigente aborigen remarca la asistencia sanitaria que están recibiendo desde hace algunos meses y pide que tenga continuidad. Infobae dialogó con varios pobladores que en su conjunto reconocieron que, si bien hubo alguna resistencia inicial, la presencia de los uniformados es bien recibida en las distintas comunidades.
La interacción con Gendarmería Nacional
El comandante principal Severo Habercorn es el jefe del escuadrón 21 de Gendarmería Nacional. Su cargo y despliegue geográfico lo transforman en el hombre que tiene a su cargo la interacción con el personal militar. Interrogado por Infobae, señaló. «La relación con las Fuerzas Armadas estuvo muy bien articulada y coordinada desde el inicio mismo de las operaciones. Nos permitió replantear para bien el patrullaje y en forma complementaria se han estrechado muchísimo los vínculos entre las distintas instituciones».
El gendarme también detalló la permanente mutación que efectúan las bandas delictivas que operan en el narcotráfico. Por ejemplo, las maniobras de ocultamiento de las sustancias prohibidas presentan modalidades muchas veces novedosas y otras que resultan ser reediciones de métodos antiguos que se dejan de usar un tiempo y luego se vuelven a poner en práctica. La Puna jujeña y parte de la correspondiente a Salta son cubiertas en la actualidad por 260 gendarmes.
Otros testimonios recogidos en el lugar indican que la ponderación del éxito de las operaciones en curso, son de difícil mensura. De acuerdo a algunos protagonistas del operativo ‘Integración’, «de pronto una baja en el volumen de incautaciones de droga puede ser interpretada como una falla en los controles. Pero no es menos cierto que también se puede atribuir al alejamiento de las bandas narco de una determinada región. De la misma forma un incremento en las capturas puede encerrar un grado superior de éxito o un incremento del volumen traficado mucho mayor al anterior».
El control del espacio aéreo
Tal como lo indicara el jefe del Estado Mayor Conjunto, la integridad del Espacio Aéreo es uno de los aspectos prioritarios del sistema de defensa nacional. No hay – tal como ocurre en el mar- una autoridad policial aérea. La vigilancia, detección, identificación y eventual interceptación de los vuelos irregulares que se adentren en el cielo argentino es responsabilidad primaria de la Fuerza Aérea Argentina.
La primera teniente Sánchez es la jefa de la estación radar Tartagal, su base de operación se encuentra en las instalaciones del aeródromo «General Mosconi» de la localidad salteña: «Nuestra misión es realizar una cobertura de todo el norte argentino, a efectos de efectuar el monitoreo del tránsito aéreo en la región. Toda la información es enviada en tiempo real al centro de operaciones espaciales de Merlo, y de ser declarados irregulares se determina el curso de acción a seguir». La oficial además aclaró que en el llamado «pozo de Merlo» hay presencia de personal de las tres FFAA y de las Fuerzas de Seguridad.
Tal como sucede en el caso de las campañas sanitarias fluviales, esta actividad de corte netamente operativa se hace en coordinación con autoridades nacionales y provinciales. Esto implica que son transversales a los colores políticos a los que responden los distintos responsables civiles de las zonas en las que las tropas se hacen presentes.»Estamos sentando las bases de una verdadera política de Estado, funcionarios políticos de neto corte opositor han reconocido que la implementación de estas operaciones solo ha traído beneficios a sus territorios», indicaron a Infobae desde el Ministerio de Defensa.
Por último, Infobae pudo saber además que de la misma forma en que ya se encuentran en construcción las patrullas oceánicas para la Armada, el Ejército estudia la compra de vehículos de ocho ejes utilizables en todo tipo de terreno, con diferentes configuraciones de artillería y capacidad para 10 o 12 efectivos. Los mismos no solo podrán ser utilizados en las distintas misiones de paz, bajo el mando de la ONU, sino además en las tareas de control de espacios soberanos que (según aseguran en el gobierno) se incrementarán en un futuro cercano.
Fuente: infobae
