Los numerosos casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero que comenzaron a salir a la luz en 2002 en los Estados Unidos y se fueron conociendo en muchos otros países no solo le provocaron a la Iglesia católica un enorme daño institucional y el pago de costosas indemnizaciones, sino que últimamente comenzaron a jaquear el secreto de la confesión, que constituye una condición inviolable para la impartición de ese sacramento, según las normas eclesiásticas.
Es que en varios países empezaron a analizarse -e incluso aprobarse- proyectos de ley que obligan al sacerdote a denunciar a un cura abusador cuando este se lo haya revelado en el confesionario. Lo que llevó esta semana al Vaticano a salir en defensa del sigilo sacramental con el argumento de que su violación implicaría un atentado a la libertad religiosa.
Las luces de alarma comenzaron a prenderse en la Iglesia el año pasado cuando en la legislatura del estado de Canberra, que abarca la capital de Australia -un país donde estallaron resonantes casos de abusos- aprobó una ley en ese sentido.
En abril pasado, el Senado del estado de California dio media sanción a un proyecto similar. Mientras que la Cámara de Diputados de Chile hizo lo propio ese mes. Además, el Congreso de Costa Rica acaba de iniciar el tratamiento de otra iniciativa del mismo tenor. En todos estos países las autoridades eclesiásticas pusieron el grito en el cieloy, por caso, en California los católicos iniciaron una campaña para frenar el proyecto, que incluye mensajes en las redes sociales. Pero ahora fue la Penitenciaría Apostólica del Vaticano la que irrumpió, seguramente temiendo, además, un probable “efecto contagio”.
“Toda acción política o iniciativa legislativa dirigida a forzar la inviolabilidad del secreto sacramental constituirían una inaceptable ofensa a la libertad eclesial”, dice en una declaración. Añade que ello constituiría, además, “una violación de la libertad religiosa, jurídicamente fundadora de otras libertades, incluida la libertad de conciencia de los ciudadanos, tanto penitentes como confesores”.
Aclara que esto “no puede ni quiere ser en modo alguno una justificación o una forma de tolerancia para los terribles casos de abuso cometidos por miembros del clero”. Pero señala que “la inviolabilidad del secreto de confesión proviene directamente del derecho divino revelado y enraizado en la naturaleza misma del sacramento, hasta el punto de no admitir excepción alguna en el ámbito eclesial, tampoco en el civil”.
Una precisión llamada a alimentar la polémica que hace el organismo vaticano es que la absolución que se otorga en la confesión no puede estar condicionada al hecho de que el abusador se presente en la Justicia, Para sostenerlo se basa en un principio legal. “Ante pecados que supongan un delito, no está permitido nunca poner al penitente, como condición para la absolución, la obligación de entregarse a la justicia civil, debido al principio natural, recogido en todo ordenamiento, según el cual ‘nemo tenetur se detegere’”, principio según el cual nadie está obligado a reconocer su culpabilidad”, puntualiza. Sin embargo, subraya que también “pertenece a la naturaleza del sacramento de la Reconciliación, como condición para su validez, el sincero arrepentimiento, junto al firme propósito de enmendarse y de no reiterar el mal cometido”.
El proyecto de California afirma que “se ha abusado en gran escala del secreto sacramental del clero con respecto al penitente, lo cual ha resultado en el abuso no denunciado y sistemático de miles de niños pertenecientes a múltiples credos y religiones”.
Pero el arzobispo de Los Angeles, de origen mexicano, José Gómez, sostiene que “eso, sencillamente, no es cierto. Las audiencias sobre ese proyecto de ley no han presentado un solo caso, ni en California ni en ningún otro lugar, en el que este tipo de delito pudiera haberse evitado si un sacerdote hubiera revelado información que hubiera escuchado en confesión. ¿Por qué nadie le pide al patrocinador de ese proyecto de ley que proporcione evidencia de sus acusaciones contra la Iglesia?”.
Además, señala que “el abuso sexual infantil no es un pecado que la gente confiese a los sacerdotes en el confesionario. Los que atienden psicológicamente a tales depredadores nos dicen que lamentablemente muchos de ellos tienden a mantener el secreto, son manipuladores y no pueden comprender el grave daño de sus acciones”. Y considera que es mucho más probable que sean “los periodistas y abogados los que escuchen la admisión de haber cometido esos delitos. Sin embargo, este proyecto de ley no propone eliminar el secreto profesional entre abogado y cliente o la protección de las fuentes de los periodistas. Solo se dirige a los sacerdotes católicos”.
Recuerda, finalmente, que tanto por la legislación civil como por las normas eclesiásticas aprobadas por los últimos pontífices los sacerdotes están obligados a denunciar los casos de abusos cometidos por clérigos o fieles laicos, salvo que éstos lo hayan admitido en el confesionario. Aun así parece difícil que se frene la ola de proyectos.
Fuente: Clarín
