El ex presidente brasileño Michel Temer sorprendió a los brasileños al referirse por primera vez al juicio político contra su predecesora Dilma Rousseff como un «golpe de Estado».
En declaraciones el lunes por la noche al canal TV Cultura, Temer dijo que nunca había «apoyado ni hecho un compromiso con el golpe de Estado», y que inclusive trató de impedirlo.
Sin embargo, Temer fue el principal beneficiario del proceso, por el que asumió la presidencia hasta finales de 2018 en reemplazo de su antigua compañera de fórmula. Su partido, el MDB, fue uno de los que aportaron los votos necesarios para la destitución.
«La gente decía: ‘Temer es un conspirador golpista’ y suponían que yo había apoyado el golpe. A diferencia de eso, nunca apoyé ni me comprometí con el golpe», dijo durante la entrevista. «No imaginé que llegaría a ser presidente de esa manera», agregó.
Además, agregó que si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva era nombrado ministro de la Casa Civil (una especie de ministro de Gabinete) de Rousseff en 2015 -como estaba en los planes- el juicio político podría no haber ocurrido.
Entonces, el nombramiento de Lula fue prohibido por el Tribunal Supremo Federal (STF) después de que el entonces juez Sergio Moro revelara un vínculo telefónico entre él y Rousseff en el que discutían sobre los términos del mandato.
Consultado sobre el gobierno de Jair Bolsonaro, Temer admitió que tiene aspectos positivos. «Dejando la modestia de lado, continúa todo lo que he hecho», en relación a las reformas aprobadas por su gobierno, como el proyecto de techo de gastos y la reforma laboral.
Sobre el impeachment de 2016, los simpatizantes de Rousseff han afirmado que su destitución en 2016 fue en la práctica un «golpe de Estado», mientras que sus adversarios han insistido en que fue un juicio político justificado para retirarla del cargo.
La ex presidente fue acusada de manipular inapropiadamente el presupuesto, una práctica que es violatoria de la Constitución.
Lula da Silva, por su lado, cumple una pena de ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, como consecuencia de una investigación comandada por el entonces juez Sergio Moro -actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro- en torno a la operación anticorrupción conocida como ‘Lava Jato’.
