El Frente que lleva de candidato a presidente a Alberto Fernández había denunciado que con el otorgamiento de los planes se pretende «condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio».
Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli.
Paralelamente se pidió una cautelar a partir de la cual Servini ordenó restricción en forma preventiva «al señor ministro Sica a sólo efecto de que se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución 117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre».
Primero fue conocido a partir de noticias periodísticas que daban cuenta de planes sociales por 5.000 pesos en una única vez, y que el mismo iba a ser distribuido por intendentes afines a Macri y la fórmula oficialista.
Luego, eso fue plasmado en la Resolución 1177 de la secretaría de Empleo, la cual no fue publicada en el Boletín IOficial, y con un presupuesto de 570 millones de pesos.
Los planes iban a beneficiarios de Lomas de Zamora, San Martín, Chaco, Formosa, Rosario, Santa Fé, Marr del Plata, Corrientes, La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza, Catamarca y hasta Capital Federal.
La jueza en su fallo dijo que el otorgamiento de plantes «podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social».
En definitiva podría ser «un condicionante» ante la proximidad de las elecciones del 27 de octubre.
Servini acompañó el dictamen del fiscal Jorge Di Lello quien había expresado que debía ordenarse al Ministerio de Producción y Trabajo que se suspenda la implementación del subsidio extraordinario a desocupados, dado que sus características podrían generar que fuera utilizado como un «mensaje electoralista».
El dictamen que el fiscal Di Lello le presentó a la jueza se produjo en el marco de una denuncia y amparo presentado por el apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, para que se suspendiera el pago extraordinario de $5.000 a desocupados.
«La definición de la resolución en tiempos electoralistas vedados por la ley podría albergar en su ejecución el condicionamiento sobre la voluntad de los electores», sostuvo el fiscal Di Lello en su dictamen.
«No voy a ingresar en las razones y en los fundamentos de la disposición, porque seguramente estoy de acuerdo en la necesidad de que aquellos que no tiene un empleo puedan ser ayudados a transitar estos momentos difíciles», sostuvo el fiscal que, de todas formas, pidió que se dicte una medida cautelar que frene la ejecución del subsidio.
«No puede permitirse que en el marco de esa necesidad se apele a la entrega, bajo ropaje de subsidios, de dinero que por el tiempo en que se otorga -veda electoral- pueda estar utilizado con un mensaje electoralista», sostuvo el representante del Ministerio Público.
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