Luego de una semana en el que el régimen que comanda cerrara un medio y continuara con su acoso a dirigentes opositores, el dictador venezolano Nicolás Maduro reiteró su apoyo a la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), el escuadrón de la muerte cuyos miembros son señalados como los ejecutores de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.
“Ha habido una campaña mundial contra la FAES, financiada por Estados Unidos, una campaña para que la eliminemos», expresó en el marco de un acto por el aniversario de la Policía Nacional Bolivariana. En concreto, el dictador apuntó contra el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien el 13 de diciembre instó a la Corte Penal Internacional a a investigar “de inmediato” la tortura a opositores a la dictadura en Venezuela con apoyo de agentes cubanos, que según dijo se recrudeció en 2019.
“Vimos la semana pasada al desgraciado de Almagro hablando contra el FAES. Financia a ONGs para que hablen contra el FAES. Es una campaña financiada y dirigida por los enemigos de la patria. Aquel policía que se coma la luz, ya sabe, pero el FAES debe ser respetado y debe continuar», expresó.
De manera sigilosa, sin grandes operativos y con agentes anónimos -van siempre con la cara cubierta- se ocuparon de sofocar cualquier protesta en los barrios más pobres del país.
La disolución del escuadrón de la muerte está en el centro del informe elaborado por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Venezuela. En una ampliación del documento original -que había sido publicado en julio- la Alta Comisionada señaló que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”.
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, denunció Bachelet. También lamentó que en vez de seguir las recomendaciones del informe, el chavismo haya “recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”. Maduro confirmó expresamente su voluntad de ir en contra de los pedidos del cuerpo multilateral: anunció que el régimen va a “fortalecer, expandir y profesionalizar” al FAES.
También anunció que la próxima semana dará inicio a una nueva misión llamada “cuadrantes de paz”, e indicó que su objetivo será “consolidar la seguridad, la convivencia y armonía entre todos los venezolanos”.
El grupo FAES es una herramienta diseñada por el propio Maduro. La creó en julio de 2017, cuando enfrentó un aumento de una delincuencia violenta por el colapso de la economía petrolera de Venezuela. La fuerza fue promocionada por las autoridades como un medio para detener la ola de criminalidad. En cambio, según políticos de la oposición y ex partidarios de Maduro, el escuadrón FAES se convirtió en un medio de control social en los barrios pobres del país, sacudidos por una crisis alimentaria y el desempleo, donde las redes criminales podrían provocar agitación y amenazar la hegemonía del gobierno. El objetivo, en palabras de un ex miembro del gobierno de Maduro, es infundir miedo y evitar que las calles de Venezuela engendren una nueva oposición política.
Las declaraciones de Maduro cierran una semana en la que el régimen cerró Venepress, un medio de comunicación, por la fuerza, y le quitó la inmunidad a cuatro diputados de la oposición.
El cierre de VenePress, ubicado en Caracas, tuvo lugar luego de una orden librada por fiscal 73 provisorio del Ministerio Público, Jean Karin Lopez Ruiz. El medio acusado por el régimen chavista de los presuntos delitos de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ingresaron a las oficinas de la agencia de noticias, donde permanecieron durante horas hasta que se resolvió su cierre. Los agentes chavistas ingresaron al lugar portando armas largas, en el barrio Las Mercedes, zona en la que están ubicadas varias embajadas.
En tanto, el lunes la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista suspendió la inmunidad de cuatro diputados opositores venezolanos acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección concierto para delinquir y usurpación de funciones.
Poco después, la la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) modificó su reglamento para permitir a los diputados que se encuentran exiliados o en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro votar de forma virtual. Pero un día después el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló la norma, abriendo de ese modo una nueva pugna jurídica entre la dictadura y la oposición.
