La reunión de la comisión fue convocada para las 10 en la Sala 2 del Edificio Anexo de la Cámara baja y la resolución, según fuentes parlamentarias, sería de rápido tratamiento ya que hay consenso y además un dictamen favorable de la semana anterior de la Comisión de Salud que autoriza al Estado a intervenir en la fijación de los cuotas que pagan los usuarios.
La iniciativa volvió a marcar diferencias entre sindicalistas y empresarios por el servicio de salud para más de 4 millones de personas, al punto que hoy el sindicalista Juan Carlos Schmid, integrante del secretariado de la CGT, reclamó que «se sancione la ley y no haya más esta presión descomunal que hizo el sector de la medicina prepaga para regular algo porque no es verdad que se van a fundir en catarata».
El gremialista de Dragado y Balizamiento pidió «un regla, un marco, que estemos todos en una misma cancha» y señaló, en diálogo con una radio, que en este debate «no está la clase trabajadora, hay sectores medios y medios altos que quedan como rehenes de la medicina prepaga».
Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, señaló en diálogo con DyN que seguían «el debate con mucha preocupación porque si bien es necesario hacer un control de las empresas, se incluyó dentro de la regulación (de prepagas) a las obras sociales de personal de dirección, cuando el resto de las obras sociales están excluidas».
Cornide dijo que «si no se excluye a las obras sociales de personal de dirección, las modificaciones propuestas pueden llevar a una situación de insolvencia» y estimó que «la cantidad de nuevos gastos llevaría a rentabilidad negativa».
El proyecto obtuvo la última semana consenso de kirchneristas, radicales y Proyecto Sur y en esa Comisión sólo se opuso el PRO.
Los cambios
La iniciativa, que afecta a cerca de 4,5 millones de afiliados, es resistida por las empresas que dicen que no podrán seguir manteniendo la calidad del servicio, debido a la complejidad y a los costos.
La futura Ley obliga a las empresas a cambiar los términos de contratación, ya que no podrán obligar a nuevos afiliados a un período de espera antes de comenzar la cobertura.
En otros puntos, las prepagas deberán cubrir todas las enfermedades previstas en el Plan Médico Obligatorio (PMO) de las Obras Sociales sindicales y no podrán fijar cuotas más altas para los pacientes que tengan más de 65 años y 10 de permanencia en el sistema.
Además, quedarán obligadas a cubrir el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.
El proyecto fue aprobado primero en la Cámara de Diputados en agosto de 2008 y en noviembre de 2010 en el Senado con cambios, por lo que ahora retornó a la Cámara baja. Por lo tanto, los diputados ahora sólo pueden optar o por el texto original, para insistir, o por el reformado por los senadores, pero no pueden rechazarlo ni reemplazarlo.
Pese a que el actual sistema tiene como clientes de la medicina privada a muchas Obras Sociales sindicales que contratan los servicios para darle atención a sus afiliados, el titular de la CGT, Hugo Moyano pidió hace dos meses que se impidan los pases de las mismas hacia las prepagas. Sin embargo, la discusión actual no prevé esta posibilidad.
Los empresarios del sector rechazan el proyecto por considerarlo que es un ataque del Estado a contratos celebrados entre privados y aducen que si cualquiera puede entrar al sistema sin restricciones y la autoridad regulatoria fija las cuotas el sector desaparecería.
En cambio, dicen, si se producen ingresos masivos y no se permite el ajuste a los mayores de 65 años, los valores deberían subir tanto que se produciría una fuga masiva de afiliados, lo que haría colapsar las otras patas del sistema de salud.
Aunque consienten en que la actividad debería regularse, el sector pide que la discusión en el Congreso sea parte de un tratamiento general para todo el sistema de salud, una legislación que incluya a los hospitales públicos de comunidad y a las Obras Sociales sindicales, para asegurarle a toda la población ese derecho básico.
