Al menos 13 muertos, cientos de heridos y numerosos daños materiales era el saldo provisorio de un estremecedor rebrote de violencia que se registra en Colombia desde el miércoles a raíz de otro caso de brutalidad policial que generó la golpiza y posterior deceso de un abogado de 43 años, que obligó al Gobierno a disculparse y mantenerse en máxima alerta.
La muerte de tres personas elevó hoy a al menos a 13 el número de fallecidos, cerca de 400 heridos, entre civiles y uniformados y múltiples denuncias de abusos de toda índole.
El presidente derechista, Iván Duque, mantuvo durante toda la jornada febriles reuniones con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y los más altos mandos militares y policiales a fin de evitar la propagación de la ola de disturbios, reseñaron medios locales y las agencias de noticias AFP, DPA, EFE y ANSA.
La capital, Bogotá, es el epicentro de las manifestaciones que estallaron en repudio a la agresión que sufrió el martes pasado el abogado Javier Ordóñez a manos de uniformados que lo sometieron en el suelo a varias descargas con un arma eléctrica para luego rematarlo de un «golpe en la cabeza con un objeto contundente», según el dictamen forense preliminar.
El primer informe forense indica que la víctima presenta «heridas en el rostro, cuello, hombros y pecho».
El letrado murió después de ser llevado a un Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía Nacional, en cuyo interior recibió todo tipo de agresiones, tras lo cual fue trasladado a la clínica bogotana Santa María del Lago, donde llegó sin vida.
Dos de los uniformados fueron expulsados de la fuerza y otros cinco sospechosos son investigados, según lo informado por el gobierno.
Holmes Trujillo, quien pidió perdón público a nombre de la policía, se declaró indignado y embistió duramente contra los responsables del brutal episodio.
«Con respecto a la muerte de Javier Humberto Ordóñez que nos duele y nos indigna, la Policía nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución», señaló el funcionario en una declaración acompañado de mandos policiales.
Anoche se desencadenaron nuevas protestas, aunque parecían menos intensas en Bogotá que en ciudades como Medellín, en el noroeste del país, y la sureña Cali, donde hubo fuertes enfrentamientos con la policía.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó que la policía, blanco de las revueltas, hiciera «uso indiscriminado» de la fuerza y armas de fuego.
«¿Qué clase de entrenamiento reciben para tener esa respuesta absolutamente desproporcionada ante una protesta?», se preguntó la mandataria local opositora.
En Bogotá perecieron siete jóvenes entre los 17 y 27 años por heridas de bala y tres personas más murieron en el vecino municipio de Soacha, según reportaron las autoridades.
Además, una mujer murió atropellada por un colectivo hurtado por «un vándalo», dijo Trujillo.
López remarcó que una violencia así no se registraba ni «en un combate en las peores épocas del conflicto armado en Colombia».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la OEA, condenó «enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial» en el país.
El Gobierno reportó 101 detenidos en las protestas, que amenazaban con expandirse en las próximas horas.
La agresión policial que desató el caos ocurrió en la madrugada del miércoles en el noroeste de Bogotá.
Un video muestra a dos efectivos cuando reducen a Ordóñez, a quien, ya en el suelo, propinan al menos cinco descargas de varios segundos con un arma eléctrica, mientras el agredido clama clemencia a los gritos.
La policía colombiana dijo que atendió un llamado por desórdenes por consumo de alcohol. Según esa versión, Ordóñez intentó golpear a dos uniformados que lo inmovilizaron y activaron su arma eléctrica.
Sin embargo, Eliana Garzón, excuñada de la víctima, dijo a la AFP que Ordóñez fue abordado por los policías cuando «iba a comprar más tragos con sus amigos».
Uno de ellos grabó el video que se volvió viral.
Duque, en su primera reacción de ayer, prometió una investigación «con total rigor para tener absoluta certeza sobre los hechos».
Sin embargo, rechazó que se «estigmatice y se les llame asesinos» a los uniformados por «responsabilidades» puntuales.
