Ni el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ni ninguno de sus funcionarios se sentarán a la mesa de diálogo que les propuso el Gobierno nacional para acordar los recursos que necesita la Policía porteña para funcionar durante 2021. Aguardarán que se expida la Corte Suprema de Justicia, donde la Ciudad reclama por los recortes en la coparticipación federal que le hizo el Ejecutivo Nacional, primero por decreto y luego mediante una ley que el Congreso aprobó el 10 de diciembre.
Tras confirmar que no asistirá a la reunión, el Gobierno porteño difundió la carta en la que rechazó la invitación. Dirigida a Eduardo “Wado” De Pedro y Martín Guzmán (ministros del Interior y de Economía, respectivamente, quienes enviaron la invitación original), la misiva sostiene: “Esperamos encontrar una alternativa a través de un diálogo abierto, sincero y de buena fe, como el que hemos promovido desde el primer día para resolver cualquier diferencia. Y siempre en un marco de legalidad, transparencia e institucionalidad que, según nuestras convicciones, son valores fundamentales”.
Rodríguez Larreta se reunió este sábado con sus colaboradores más cercanos y decidieron no aceptar la propuesta por sugerencia del área legal del gobierno porteño. Si aceptaban la invitación, que en principio era para el lunes 4 de enero a las 15, estarían convalidando la ley recientemente sancionada. Allí se establece que se debe conformar una mesa especial para intentar llegar a un acuerdo. Si bien no esperan una resolución durante enero por la feria judicial, desde el larretismo mantendrán su postura sobre la inconstitucionalidad de la ley.
El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el de Economía, Martín Guzmán, habían sido los encargados de realizar la convocatoria formal a través de una carta que le enviaron a Rodríguez Larreta el martes 29 de diciembre, en el marco de la conformación de una comisión bilateral para alcanzar un acuerdo consensuado en el traspaso de facultades y funciones de seguridad a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En ese escrito le plantearon que “el objetivo de la reunión será definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones, así como la conformación de los equipos técnicos pertinentes”.
La norma que aprobó el Congreso le quita a la administración porteña un 1,18 puntos porcentuales del dinero que recibe de parte del Estado nacional, que pasará de recibir el 3,5% de coparticipación (cifra a la que alcanzó de la mano de Mauricio Macri), a un 2,32%. La ley aprobada establece que por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires la gestión porteña recibirá anualmente $24.500 millones. La cifra que incluye este nuevo proyecto se actualizará de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC), del año precedente.
Rodríguez Larreta suele apostar al diálogo para solucionar conflictos. Incluso participó el miércoles de esa semana de una reunión con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, en la residencia de Olivos, para evaluar los últimos números por el alza en los casos de coronavirus en el ámbito metropolitano. Repitieron una escena que se había vuelto habitual durante gran parte de la pandemia. Pese a ese encuentro, las relaciones con el Ejecutivo nacional atraviesan un período de tensiones.
El lunes 28 de diciembre, al cumplirse diez días hábiles de la sanción de la ley que ratificó el recorte de fondos, Rodríguez Larreta formalizó ante la Corte Suprema la demanda contra el Estado Nacional. Entre sus principales argumentos, el Gobierno porteño sostiene que se está violentando su autonomía y también incumpliendo unilateralmente acuerdos preexistentes.
La última es una nueva demanda a la que ya se había presentado en septiembre pasado, con un pedido de cautelar incluido, cuando la Ciudad fue contra el decreto dictado por el Ejecutivo que recortaba los fondos, en medio de una protesta de los policías de la Provincia de Buenos Aires que exigían aumentos inmediatos de salarios. Luego, la ley votada en el Congreso amplió ese recorte.
En el gobierno de Rodríguez Larreta afirman que si se mantiene esa poda de fondos, la Ciudad perderá más de 65 mil millones de pesos. Según el oficialismo porteño, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires aportan el 22% del total de los recursos coparticipables a nivel nacional y, tras el recorte, podrían empezar a recibir solo el 1,4 por ciento.
El 18 de setiembre pasado, Rodríguez Larreta presentó ante la Corte Suprema una demanda y una acción de amparo contra el decreto que llevaba del 3,5 por ciento al 2,32 el coeficiente de la coparticipación de impuestos de la Capital Federal. Pero hasta ahora no hubo un análisis por parte de la Corte Suprema. Lo único que hubo fue un dictamen del procurador interino Eduardo Casal diciendo que el máximo tribunal tenía competencia originaria en el asunto. Ahora se abre un compás de espera porque durante todo enero hay feria judicial. El Gobierno porteño insiste en esa nueva demanda en que la ley es inconstitucional.
