Alberto Fernández necesita los tres votos propios que controla Roberto Lavagna y su influencia política en un bloque inasible que junta a distintos legisladores filo oficialistas para lograr la sanción definitiva de las leyes que establecen normas generales destinadas a enfrentar al COVID-19 y desplazar al procurador interino Eduardo Casal que traba el avance de Cristina Fernández de Kirchner sobre los fiscales federales que investigan sus causas de corrupción pública.
Lavagna es un aliado atípico del Presidente. Coronó cargos en el Indec, en el Banco Central, en el Banco Nación, y en dos embajadas europeas que visitó Alberto Fernández en su última gira oficial. Sin embargo, el exministro de Néstor Kirchner aparece como un opositor al Gobierno del Frente de Todos.
El jefe de Estado aún no tiene los votos necesarios para sacar la Ley Pandemia y la Reforma de la Procuración en Diputados, y Lavagna es una pieza clave para evitar una derrota política en el Parlamento. Alberto Fernández aplicará con su amigo de tantos años una regla básica del poder: si ya te di, ahora pagame.
Lavagna controla a tres diputados: Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini. Y los tres se ponen al lado del Gobierno, cuando Alberto Fernández pide y el exministro de Economía concede. Camaño fue esencial para eyectar de la Cámara Federal porteña a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos jueces que investigaron los casos de corrupción que tienen contra las cuerdas a CFK.
Pero esos tres votos no alcanzan para sancionar las leyes de Pandemia y de Reforma a la Procuración, y la Casa Rosada quiere que Lavagna haga lobby en un denominado Interbloque para sumar las voluntades de otros diputados que responden a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. Se trata de Paulo Cassineiro, Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez.
A Lavagna no le preocupa el sentido de las leyes que desea sancionar Alberto Fernández. Ya consintió que Camaño votara en contra de Bruglia y Bertuzzi en el Consejo de la Magistratura, y ahora haría lo mismo para facilitar el tratamiento de la regulación de la pandemia y la implosión de Casal como obstáculo a las aspiraciones de Cristina Fernández de manejar a la Procuración General.
Sin embargo, el exministro de Economía asume que se trata de un año electoral y aparecer muy cerca del Gobierno achicaría sus chances de consumar una elección acorde a sus pretensiones políticas. Lavagna aún sueña con la Presidencia, o integrar una coalición que aspire a conquistar la Casa Rosada, y en este escenario votar junto a Máximo Kirchner sería más costo que beneficio.
Desde esa perspectiva, Lavagna tiene otro asunto complejo que enfrentar. Daniel Rafecas es el candidato oficial para la Procuración General, pero no asumiría si su designación en reemplazo de Casal queda como un acto de colaboracionismo a favor de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner.
Rafecas tiene prestigio adentro y afuera del Poder Judicial, y no se va inmolar por una decisión política que está más vinculada al Senado que a Balcarce 50. Lavagna ya sabe que si la Reforma a la Procuración implica un adefesio judicial sin apoyo de Juntos por el Cambio, Rafecas no asume y CFK puede colocar a su propio candidato.
Cuando suene su celular desde la Casa Rosada, Lavagna tendrá que tomar una decisión sobre un hecho binario y de suma cero: si complace a Alberto Fernández, su espacio opositor se convertirá en una anécdota política. En cambio, si piensa en las elecciones parlamentarias de 2021 y rechaza el pedido presidencial, puede perder la mayoría de los espacios de poder. Desde el Indec a los sillones del Banco Central y el Banco Nación.
Lavagna no tiene mucho tiempo para pensar. El kirchnerismo duro de Diputados pretende tratar mañana la ley de Reforma de la Procuración, a pedido de CFK y bajo la estrategia del ministro de Justicia, Carlos Soria.
