El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles una segunda disminución del IVA sobre la electricidad en menos de un año, con un tope de 5%, para limitar el impacto de una inflación récord exacerbada por la guerra en Ucrania.
«Hace un año rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. En el próximo consejo de ministros lo reduciremos del 10 al 5% para seguir protegiendo a la ciudadanía de los efectos de la guerra», dijo Sánchez en el Parlamento, informó la agencia de noticias AFP.
El Gobierno dirigido por el líder socialista adoptó en marzo un paquete de medidas para paliar el alza de precios durante tres meses.
El sábado próximo tiene previsto adoptar otras medidas en un consejo de ministros, o reunión de gabinete, extraordinario, con el fin de atenuar los efectos de la inflación, que en mayo llegó a 8,7% a ritmo interanual.
El Ejecutivo no ha precisado qué otras medidas tomará el sábado. Pero hay algunas pistas, avanzadas sobre todo por el partido de izquierda de Podemos, socio minoritario de los socialistas en el Gobierno de coalición.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, propuso una reducción del 50% del precio de los abonos para el transporte público y un cheque de 300 euros para las familias más vulnerables, tal y «como se ha puesto en marcha en Francia».
«La inflación está golpeando a las familias. (…) El gobierno actuó con rapidez y determinación, pero ahora no es suficiente. Debemos reforzar la protección frente a una crisis internacional», tuiteó la ministra.
Para financiar estas medidas, varios ministros han hablado de la posibilidad de instaurar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas, cuyos beneficios aumentaron fuertemente el año pasado, como han hecho otros países europeos en los últimos meses.
Sería una decisión de «justicia», pero hay que ver «de qué manera lo podemos hacer mejor», dijo el martes la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, quien esbozó la posibilidad de aplicarlo en el próximo ejercicio fiscal, a principios de 2023.
Madrid ha adoptado varios paquetes de medidas desde el verano pasado para intentar frenar la inflación.
El último y más importante, aprobado en marzo, consistió de una serie de ayudas directas por valor de 6.000 millones de euros (6.320 millones de dólares) para hogares y empresas. Está en vigor hasta fines de junio y debe ser prolongado.
