El ex presidente de Bolivia Evo Morales recibió este martes una nueva citación de la Justicia. Esta vez, no se trata de una comunicación relacionada al caso en el que se lo acusa de estupro y trata de personas, sino que se remonta a la crisis post electoral de 2019.
Ese día, las Fuerzas Armadas intervinieron una protesta en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de El Alto, bajo el amparo de un decreto supremo que eximía a los militares de responsabilidades penales por sus actuaciones. Como consecuencia, diez personas murieron por impactos de balas, según confirmó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El proceso se desarrolla por la vía ordinaria y tiene a la ex presidenta interina como la principal acusada de estos fallecimientos, aunque otras 18 personas -entre ellas el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo, el ex ministro de Defensa Fernando López y el ex ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora- también están siendo investigadas.
Con su participación el próximo lunes en esta audiencia de “excepción de incompetencia”, los abogados buscarán no solo sumar más argumentos en su favor sino, también, solicitar nuevamente que Áñez sea juzgada en un juicio de responsabilidades.
“Es el juicio que estamos esperando todos, es el juicio de las muertes que más nos han dolido, es el juicio de las masacres y, seguramente, el pueblo está esperando la máxima condena”, dijo el pasado 2 de septiembre al inicio del juicio oral el procurador general del Estado, César Siles.
Áñez, detenida desde marzo de 2021, también está siendo investigada en otros procesos, como el caso “golpe de Estado I”, que comenzó este lunes y en el que se la acusa de terrorismo, sedición y conspiración, también en el marco de las protestas de 2019.
A finales de aquel año, masivas manifestaciones estallaron en el país en señal de descontento ante el fraude cometido por Morales en las elecciones. Como consecuencia, el político del Movimiento al Socialismo se vio obligado a renunciar al máximo cargo ejecutivo y a abandonar el país, quedando Áñez a cargo, por ocupar hasta entonces la vicepresidencia del Senado.
De hecho, en junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de cárcel por el caso “golpe de Estado II” por la forma en la que asumió la Presidencia interina del país.
(Con información de EFE)
Fuente Infobae
