De qué se trata la ley
La denominada “Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales” propone la legalidad para que aquellos mayores de 18 años en Inglaterra y Gales que padecen una enfermedad terminal, puedan recibir asistencia para morir.
La propusta ofrece penas de hasta 14 años de prisión por presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o declare que quiere acabar con ella. Esta es una innovadora adquisición que la diferencia de propuestas pasadas sobre el tema.
Por supuesto, los interesados deben ser residentes de Reino Unido, específicamente de Inglaterra o Gales, y llevar por lo menos 12 meses registrados con un médico de cabecera. Además, deben tener una expectativa de vida de menos de seis meses y estar capacitados para de tomar la decisión
En caso de optar por el suicidio asistido, el paciente debe expresar un deseo “claro, firme, informado y libre de coerción o presión”. Esto deberá realizarse a través de dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, sobre su deseo de morir, luego deberán someterse a la evaluación de dos médicos y obtener una orden judicial.
No obstante, la ley dispone que aunque un médico puede preparar el contenido para proporcionar la muerte, el propio paciente es quien debe ingerirlo por si mismo y nadie más está autorizado a suministrarlo.
Ecuador se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia
Ecuador se convirtió en el segundo de América Latina en despenalizar la eutanasia después de Colombia, a raíz de un caso de una paciente con una enfermedad incurable y mortal.
La Corte Constitucional falló este miércoles -con siete votos de sus nueve magistrados- a favor de que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel. La sanción por homicidio «no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente», señaló el máximo tribunal constitucional en un comunicado.
El caso que llevó a la decisión fue el de Paola Roldán, de 43 años, que sufre desde hace tres una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa y dolorosa. La mujer, interpuso en agosto una demanda contra el artículo 144 del código penal ecuatoriano, que considera el procedimiento como un homicidio y prevé una pena de prisión de entre 10 y 13 años.
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