El presidente de la consultora IBI especializada en el crimen internacional, Douglas Farah, advirtió este sábado sobre el avance de grupos de narcos del Brasil en Santiago del Estero gracias al «bajo riesgo» de ser detenidos y encarcelados, el uso de efectivo y la ubicación geográfica de la provincia con salidas hacia Chile y el Atlántico.
“Estamos estudiando los casos donde hay convergencia de diferentes grupos criminales en ciertos espacios geográficos específicos y Santiago del Estero es uno de ellos por el sistema de protección política que tienen varios grupos y el vínculo del gobernador Gerardo Zamora con la estructura de la Vicepresidente Fernández de Kirchner”, afirmó el especialista norteamericano en seguridad.
“Hay una relación muy cercana entre la Senadora Ledesma, la Vicepresidenta y Gerardo Zamora. Lo que ha hecho Cristina Kirchner es crear estructuras donde permite autonomía de ciertos grupos para actuar con impunidad mientras apoyen a su proyecto”, agregó.
Dijo no conocer por qué el gobernador Gerardo Zamora se prestó como ariete K contra la Corte Suprema y si su actitud tiene que ver con la decisión del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, de acelerar las investigaciones judiciales contra el narcotráfico desde la cumbre de jueces del año pasado en Rosario.
“Esto viene a juntar estos datos, no solo de narcotráfico, sino también de un montón de contrabando de ciertas cosas que funcionan y tienen un gran impacto a nivel regional”, agregó en declaraciones a Dato sobre Dato de radio Milenium.
Explicó que “las rutas de la cocaína han cambiado dramáticamente en los últimos años. El consumo de cocaína en Estados Unidos ha bajado más o menos 50% en los últimos años. Las nuevas rutas van hacia Europa, ex Unión Soviética, Australia”. Farah es un galardonado ex periodista que ahora trabaja como consultor para el Banco Mundial, el FMI y el departamento de Estado de los Estados Unidos.
Entonces, “están buscando nuevas rutas y tanto Argentina como Chile y Brasil tienen mercados internos de consumo muy grande donde ya es rentable vender dentro de esos mercados con mucho menos riesgo que salir al exterior».
“Es imposible que el narcotráfico funcione sin un nivel de protección oficial bastante elevado. Estas cosas no pueden funcionar así nomás porque todo el mundo en Santiago del Estero sabe de lo que pasa”, agregó. Los caudillismos controlan a los jueces y eso frena desmotiva las investigaciones judiciales.
Farah publicó un informe titulado “Santiago del Estero: centro de convergencia para el crimen internacional” que esta semana difundió La Nación. Dijo que “hay otros indicadores que mencionamos como los estadios de fútbol o aeropuertos totalmente fuera de contexto… Todas cosas donde se demuestra que hay un flujo de dinero mucho más elevado que lo que permitiría la economía en blanco de Santiago del Estero.”
“El uso del efectivo se da normalmente cuando no quieren ser rastreadas las transacciones financieras del narcotráfico u otras fuentes de dinero negro. Es muy difícil de rastrear cuando uno paga en efectivo”, subrayó.
Luego recordó que en el 2018, Zamora como gobernador “sacó 30 millones de dólares en efectivo de un banco para usar. El efectivo es la manera más fácil de que las autoridades pierdan la vista de cómo se gasta el dinero”.
“Nos parece que el uso del efectivo es uno de los otros indicadores muy fuertes de una protección bastante alta y cuando hay espacios seguros es ahí donde llegan los criminales. (..) Por eso hablamos de puntos de convergencia. Venezuela ya es un espacio seguro para narcotraficantes. Llegan ahí porque no tienen riesgo y eso es lo que buscan”, destacó.
“A nivel de Santiago del Estero en el gobierno de Estados Unidos, no hay un conocimiento profundo de las nuevas rutas. Hay mucha preocupación de la droga que sale de Bolivia. Mucha preocupación por la presencia emergente del grupo llamado Primer comando de la Capital de Brasil entrando en ciertos puntos en Santiago del Estero”, añadió.
Finalizó que en su consultoría “hemos hecho un estudio hace un tiempo sobre el PCC y los vínculos que tiene en Uruguay, Bolivia, Argentina, Paraguay. Es un grupo transnacional realmente. Ya no se pueden llamar pandillas, ya son actores armados no estatales a nivel regional”.
Clarín
