Alberto Fernández argumentó en Olivos que tiene voluntad política de cerrar un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para honrar la deuda externa de 44.000 millones de dólares que heredó de su antecesor Mauricio Macri. Pero el Presidente añadió ante su círculo más cerrado que ese acuerdo no puede implicar un ajuste económico que sume más crisis social a los efectos devastadores ya causados por la pandemia del COVID-19.
“Sigo creyendo que debemos cerrar el tema deuda cuanto antes, pero eso no puede significar condicionamientos económicos que no podamos cumplir”, argumentó Alberto Fernández en la intimidad de Olivos.
-¿Qué significa condicionamientos?, preguntó un miembro del Gabinete que no necesita invitación para llegar a la quinta presidencial.
-Condicionamiento significa que me exijan alcanzar el equilibrio fiscal en un corto tiempo. Es al revés: en un escenario de pandemia y en las condiciones actuales de la economía argentina, alcanzar el equilibrio fiscal primario demanda tiempo.
El déficit fiscal en 2020 alcanzó 6.5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), y en el presupuesto para 2021 -sin el Paquete COVID-19- está previsto en un 4.5 por ciento del PBI. Macri dejó en 2019 un déficit fiscal del 0.4 por ciento. Y ese año perdió la reelección presidencial.
Alberto Fernández y Kristalina Georgieva aseguran en público que es probable un acuerdo hacia fines de mayo. Se trata de un simple ejercicio de fe política para evitar que los mercados argentinos sufran ante una posible postergación de los pagos previstos para septiembre. No hay un sólo indicio material en Buenos Aires y Washington que respalden las expresiones de deseos del Presidente y la directora gerente.
Martín Guzmán y Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI, guardan como un secreto de Estado las exigencias que llegan desde las oficinas que Georgieva ocupa en Washington. Se trata de un ajuste clásico que incluye fuertes reformas estructurales al sistema jubilatorio y al mercado laboral. Además de la obligación de achicar los niveles de emisión, terminar con el control de cambios, permitir la remesa de utilidades y llevar el déficit fiscal a cero.
Guzmán viajará a DC para encontrarse con Georgieva, Julie Kozack, subdirectora del Departamento de Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para la Argentina. El ministro de Economía tiene la instrucción presidencial de avanzar en el staff report, pero Alberto Fernández no firmará nada que implique un ajuste económico con suficiente capacidad para sentenciar su derrota electoral en octubre.
En los últimos quince días, el jefe de Estado mantuvo contactos virtuales con Ángela Merkel, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, António Costa -premier portugués- y Jair Bolsonaro. En todos los casos, Alberto Fernández abordó la agenda bilateral y a continuación solicitó el apoyo político a su negociación con el FMI.
Merkel, Putin, Macron, Costa, Bolsonaro, y en su momento Xi jinping, se pusieron a disposición del Presidente. Y esa disposición política significa que si Guzmán no logra un acuerdo con el staff del FMI, Alemania, Rusia, Francia, Portugal, China y Brasil podrían avalar en el board del organismo multilateral que Argentina postergue los pagos previstos para el FMI durante 2020.
Alberto Fernández considera que la pandemia cambió las normas básicas del sistema internacional y que no es posible que el FMI imponga a los países de la periferia un modelo clásico de ajuste económico. La directora gerente Kristalina Georgieva comparte la perspectiva del presidente, pero en sus responsabilidades institucionales se incluye la obligación de cerrar con la Argentina un acuerdo que permita cobrar la deuda de 44.000 millones de dólares.
La ecuación del Presidente es fácil de explicar: no quiere un plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional, desea ganar los comicios de octubre e ir por su reelección en 2023. En este contexto, el Gobierno sólo aceptará un Acuerdo de Facilidades Extendidas que inicie con suavidad en 2022 y se profundice recién a comienzos de 2024.
Y en el FMI ya lo saben.
