El PAMI jugó fuerte cuando les informó a los laboratorios, mediante carta documento, que rescindiría el contrato firmado hace sólo tres meses, en el que fija sus condiciones de compra de medicamentos para todo este año. Pero la respuesta de la industria, que no tardó en llegar, fue aún más impetuosa: no sólo le advirtió al PAMI que no aceptará la rescisión del acuerdo, sino que además lo conminó a saldar la deuda que tiene con los laboratorios por $ 952,7 millones a más tardar esta semana. De no hacerlo, anticipó, lo responsabiliza de todos los inconvenientes que pudiera generar la finalización del convenio, entre ellos, la falta de provisión de medicamentos con descuento para los afiliados, en su mayoría jubilados.
«No recuerdo una respuesta tan tajante por parte de la industria -admitió el director de un laboratorio líder, con la condición de no ser identificado-. Pero tampoco una apretada formal y desde lo legal de un gobierno», se sinceró.
En la nota que le enviaron al director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, y a la que accedió LA NACION, los laboratorios agrupados en Caeme (extranjeros), Cilfa (nacionales) y Cooperala (cooperativas) rechazaron la carta documento del instituto que recibieron el 27 de abril, por considerarla «improcedente, abusiva y contraria al principio de buena fe».
Según el texto, la actual gestión de Cambiemos ya renegoció el convenio en cuatro oportunidades, «incumpliendo en cada caso los acuerdos previamente alcanzados, afectando indebidamente la necesaria previsibilidad de las partes y la seguridad jurídica». Así y todo, asegura, «en todas las ocasiones los laboratorios se sentaron a negociar de buena fe» y otorgando «cuantiosos descuentos».
Pero, señala, en esta ocasión no existen motivos para rescindir el contrato, dado que, en el acuerdo firmado el 27 de enero pasado por el entonces titular del PAMI, Carlos Regazzoni, se contempló el presupuesto económico financiero del instituto, la situación económica vigente en el país, las proyecciones actuales de consumo y las condiciones económico-financieras de los laboratorios, y «es insostenible afirmar que en sólo tres meses dichas condiciones hayan cambiado de manera que pueda ocasionar un desequilibrio».
El convenio que cada año firma el PAMI es el más importante que tiene la industria farmacéutica con una obra social. El instituto financia entre el 50% y hasta el 100% del precio de venta de los medicamentos que consumen sus afiliados, lo que representó en estos meses el desembolso de unos $ 3000 millones mensuales (contra unos $ 2200 millones de 2016). Pero la nueva conducción, a cargo de Cassinotti, admite que el convenio firmado en enero está representando un gasto mensual superior al esperado, y aspira a recortar el presupuesto en unos $ 600 millones al mes.
Deuda vencida
El PAMI, sin embargo, también tiene una deuda con la industria farmacéutica -que suele financiar a las farmacias que venden los medicamentos-, y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa como prenda de negociación.
En la nota, fechada el jueves de la semana pasada, los laboratorios intiman a que en cinco días el PAMI «ratifique o rectifique» lo que dijo en la última reunión el subdirector del instituto, Víctor Hugo López Monti, de que se pagarán como máximo $ 2214 millones mensuales por el convenio a partir de mayo.
También le da cinco días hábiles para cancelar la deuda de $ 261,3 millones de 2016 y los $ 691,4 millones que ya se sumaron en 2017. De no pagar las sumas adeudadas para pasado mañana, los laboratorios amenazan que procederán a suspender el cumplimiento de las prestaciones a su cargo.
«De persistir el instituto en su incumplimiento, la industria no aceptará ni procesará recetas de medicamentos que hayan sido dispensados a beneficio del instituto a partir del plazo indicado precedentemente, deslindando de todo tipo de responsabilidad los daños que puedan ocasionarse como consecuencia de vuestros incumplimientos», subraya el texto.
Consultados al respecto por LA NACION, fuentes del PAMI afirmaron que responderán la nota de los laboratorios y que continuarán con el diálogo. Esta semana está previsto que se realicen nuevas reuniones entre las partes.
En la industria creen que están en una posición de fortaleza para negociar. «Es una posición dura de la industria. Si el Gobierno pretende no tener mucho ruido político antes de las PASO [las elecciones primarias de agosto], va a tener que bajar las pretensiones», sostuvo un ejecutivo de un laboratorio nacional.
La obra social de los jubilados y pensionados tiene un déficit mensual de $ 900 millones que, según fuentes, Cassinotti apunta a reducir, en parte, con un nuevo convenio con la industria farmacéutica, además de un cambio en el contrato con los sanatorios y clínicas que atienden a sus afiliados. El 30% del presupuesto del PAMI se destina a la compra de medicamentos; el objetivo de la nueva conducción sería bajarlo a un 25 por ciento.
Frases destacadas de la carta
«Es insostenible afirmar que en solo tres meses dichas condiciones hayan cambiado de manera que pueda ocasionar un desequilibrio»
«De persistir el instituto en su incumplimiento, la industria no aceptará ni procesará recetas de medicamentos a beneficio del instituto»
Fuente: la nación
