Con las firmas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno nacional envío esta madrugada a la Cámara de Senadores el proyecto de reforma previsional consensuado con los gobernadores que cambiará la forma de aplicar los aumentos jubilatorios a partir del año que viene. Pero también consta de otros agregados, entre ellos, la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años y la fijación del 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima.
La propuesta girada al Congreso plantea importantes modificaciones al núcleo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), siendo el eje de esta revisión el índice de movilidad de los haberes, en la que se incluye, parcialmente, algunos reparos de sectores de la oposición.
Tal como se había anticipado, los incrementos se aplicarán en base a la evolución de la inflación, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), y serán trimestrales, a otorgarse en los meses de marzo, junio, y septiembre y diciembre de cada año.
Sin embargo, hay agregados novedosos. La fórmula incluye, además del porcentaje a otorgar vía IPC, una suba en relación al crecimiento de la actividad económicacalculado a junio de cada año, por lo que se incorporará a los haberes a partir de ese mes. Este valor se otorgará «en relación al 5% de la variación porcentual real del PBI».
Según se indica en el proyecto, que ingresó hoy a las 00:51 al Senado, la actualización de los haberes no podrá ser a la baja en ningún caso. Es decir, cuando se produzca el caso hipotético de una caída de la inflación o del PBI, los haberes no disminuirán.
De aprobarse en el Congreso, la nueva fórmula comenzará a aplicarse a las jubilaciones partir del 1 de marzo de 2018. La primera suba se ejecutará tomando como base la evolución de los precios entre septiembre y junio de 2017. En junio de 2018, se fijará en torno a la variación entre diciembre y septiembre del año pasado. En septiembre de 2018, se ajustará en relación a la variación entre diciembre de 2017 y marzo del año que viene; y finalmente, en diciembre de 2018, se pagará en función a la inflación entre junio y marzo.
En el capítulo para fijar los aumentos jubilatorios mínimos, el Gobierno propone otorgar una Prestación Básica Universal (PBU) que consiste en el 82%móvil del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Con esta medida, «se busca reforzar el principio de proporcionalidad premiando el esfuerzo de cotización realizado, sin perjuicio de tener presente el principio de solidaridad que debe regir para todos los institutos que forman parte de la seguridad social», destaca el texto.
En tercer lugar, el proyecto modifica la “facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse“, fijando el derecho optativo de cada empleado a extender su edad jubilatoria hasta los 70 años.
“A partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes“, se explica en la reforma previsional. Sin embargo, se aclara en el texto que el trabajador no pierde el derecho a solicitar su jubilación antes de cumplir de los 70 años.
Para justificar el aumento optativo de la edad jubilatoria, la Casa Rosada señala en el proyecto que existe “un importante sector de la población con una esperanza de vida superior a la de las generaciones precedentes y con ganas e intenciones de seguir trabajando más allá de la edad de jubilación”.
El debate en torno a la fórmula de actualización
Actualmente, las jubilaciones se actualizan a partir de una ecuación que combina la evolución de los salarios y el incremento de la recaudación, un sistema que rige desde 2009 y que se implementa de manera automática dos veces, en los meses de marzo y septiembre.
Con este esquema, hubo años en que los jubilados perdieron poder adquisitivocuando la recaudación y los aumentos salariales quedaron retrasados con respecto a la inflación.
«La revalorización automática de las prestaciones a través del índice de precios al consumidor nacional asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas ante la erosión provocada por la variación de precios, preservando su valor en el tiempo», asegura el texto enviado al Senado.
Sin embargo, voces críticas al Gobierno advierten que con el la nueva fórmula los aumentos para la clase pasiva serán menores al del esquema anterior. La diputada del Frente Renovador y especialista en sistema previsional, Mirta Tundis, consideró que la actualización por inflación «empeora la situación». «El 76% de los jubilados tienen los haberes por debajo de los 15 mil pesos. ¿Cuánto le va a mover un aumento del 3% trimestral a un jubilado?», se preguntó la legisladora. El defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, advirtió que ajustar los haberes jubilatorios por inflación sería «ratificar la condena a muerte» de los adultos mayores.
Por su lado, el diputado nacional de La Cámpora, Axel Kicillof alertó que la reforma es «un palazo» para los jubilados, ya que el ajuste de la fórmula «implica que unos 100 mil millones de pesos van a ir una parte a la gobernadora (María Eugenia) Vidal y otra en la reducción de impuesto para los empresarios».
Sin embargo, la Casa Rosada intenta replicar el argumento de la virtual congelación de los haberes reales con la incorporación de la variación del PBI, lo cual supone “aumentos por encima de la inflación“, según afirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió la reforma acordada con los gobernadores al advertir que el objetivo es “dar sustentabilidad” al sistema.
