La investigación sobre casos de abuso de menores en el seno de la Iglesia que dio como resultado el nacimiento de la ley finalizó en 2017 y duró cinco años.
El arzobispo Mark Coleridge expresó que si bien apoya cualquier medida que sirva para proteger la integridad de los menores, no cree que acabar con el secreto de confesión para estos casos «sea útil», pues «los abusadores no buscan la confesión y no la buscarían si supieran que sus delitos serán denunciados».
En ese sentido, Coleridge dijo que además sería «contraproducente porque se perdería la rara oportunidad de que un sacerdote pueda aconsejar a los abusadores que se entreguen y modifiquen su vida»
También agregó que sería «injusto porque establecería por ley una situación en la que un sacerdote no podría defenderse de una acusación formulada contra él».
La Iglesia Católica insistió en que los sacerdotes se verían obligados a desafiar las leyes, y el arzobispo de Melbourne, Peter Comensoli, declaró antes del anuncio de la Conferencia Episcopal que iría a la cárcel antes que romper el secreto de la confesión, pues se trata de «un encuentro religioso de naturaleza profundamente personal, que merece confidencialidad».
El cardenal australiano George Pell, quien apeló una condena por agredir sexualmente a dos niños que cantaban en el coro de una iglesia, es, hasta ahora, el funcionario católico más importante del mundo en ser encarcelado por abusos sexuales a menores.
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