El 8 de marzo pasado, 20 médicos y especialistas en diversas áreas de la salud se reunieron en la Dirección de Policía Científica de La Plata para conocerse las caras, convocados por la Justicia para analizar en el contexto de una junta médica uno de los casos más complejos y emblemáticos de la historia reciente: la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre pasado en el country San Andrés de Tigre. Los fiscales del caso, Cosme Iribarren, Laura Capra, Patricio Ferrari, coordinado por el fiscal general John Broyad, resolvieron basar su imputación en las conclusiones que redactará la junta en unanimidad o disidencia, para definir si Maradona murió, lo mataron o lo dejaron morir.
El informe final, en unanimidad o disidencia, podía llevar a los fiscales de San Isidro en varias direcciones. Podrían imputar a los acusados con la calificación actual, un homicidio culposo cometido por el abandono y negligencia de los médicos y responsables de cuidar la salud del mayor ídolo de la historia argentina, o, peor aún, un homicidio simple cometido con dolo eventual -la misma calificación que le valió 9 años y tres meses de cárcel al ex periodista Eugenio Veppo, condenado por atropellar y matar a una agente de tránsito para luego huir- con médicos que sabían el riesgo que enfrentaban con un paciente como Diego y continuaron hacia su muerte a pesar de las claras señales que daba su cuerpo.
No solo se trata de una calificación penal: lo que diga la junta médica también podría incluir a nuevos imputados. Por el momento, hay siete en total, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la enfermera Daiana Madrid. Fuentes en el expediente revelaban semanas atrás a Infobae que esa lista no estaba cerrada bajo ningún concepto y que podría extenderse a otros jugadores en el entorno final de Diego.
La junta médica acordó reunirse por Zoom tras ese encuentro inicial en La Plata: los peritos oficiales y de parte pudieron acceder digitalmente a los 21 cuerpos de expediente con audios de los teléfonos peritados todavía desconocidos para el público y más de 400 páginas de transcripciones, además de historias clínicas de Maradona desde el año 2000 hasta el presente, con el reporte final de autopsia y los análisis toxicológicos a su orina y su sangre. Se esperaba que la junta médica entregara sus conclusiones a fines de marzo, comienzos de abril. Sin embargo, las deliberaciones continúan, con las reuniones que se repiten cada lunes y jueves desde las 20 horas, a veces hasta pasada la 1 de la mañana.
“Es un culebrón”, admite una fuente que conoce lo que ocurre en esos encuentros por Zoom. El escenario es tenso: el informe final, arriesgan otros, terminará con firmas en disidencia, tal como ocurrió en 2015 en la junta médica original que intentó esclarecer la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Las posiciones son claras los peritos oficiales y los médicos aportados por los particulares damnificados como Dalma y Gianinna Maradona coinciden hasta ahora en la impericia o las fallas en el tratamiento, que, para empezar, tenía una insuficiencia cardíaca obvia y la ignoraron. Los peritos de las defensas, siempre según estas fuentes, intentan dirigir la culpa hacia, por ejemplo, la empresa de enfermería que proveía el cuidado para Diego. Así, se cruzan en vivo con el monitor encendido.
Las reacciones por la mezcla de psicofármacos son un tema entre tantos. Ya sin beber alcohol, peritos del caso aportaron información que indica que la cruza de ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos como la quetiapina, gabapentin o venlafaxina que Cosachov le recetaba a Maradona en 14 combinaciones distintas podía causarle efectos secundarios adversos como la depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria y dificultades psicomotrices. “Pero el paciente no tenía signos ni síntomas”, aseguran desde las defensas.
Hay especialistas en esa mesa que también creen que Maradona debería haber sido declarado legalmente incapaz de tomar sus decisiones, un riesgo para sí mismo, por lo menos a mediados de 2020 y que debería haber sido internado. Toman como señal que Diego mismo haya avalado que se eche a sus acompañantes terapéuticos, quienes estaban designados para evitar él, siendo un alcohólico en tratamiento, bebiera alcohol. Los acompañantes declararon como testigos en la causa: relataron que no existía una dieta para alguien con problemas cardíacos sino que le deban de comer sándwiches de miga de jamón y queso y osobuco con grasa. También, se habla de presiones internas entre médicos ante “un intento de correrse”.
El nombre del psicólogo Carlos Díaz también surge con fuerza en las reuniones de la junta médica. “No hay ningún informe de evolución de su parte”, afirma una voz reconocida dentro de la mesa. Hasta ahora, el psicólogo era un personaje secundario en la trama, opacado por Luque y Cosachov. Hoy, parece más que un simple peón. Ayer, según Télam, Díaz pidió su eximición para que no lo detengan, una jugada de anticipación.
Díaz apareció en el entorno de Diego a fines de octubre: lo visitó en Tigre y Brandsen. Los fiscales del caso tienen plenamente acreditado por comunicaciones internas que Díaz fue llevado por Matías Morla y respondía al abogado. Luque y Cosachov lo discuten entre ellos, hablan de que “viene del lado de Matías” y que incluso se pedía, también internamente, que no se dijera en público que el psicólogo había sido introducido por el abogado para no generar rechazo en Dalma y Gianinna. Lo cierto es que el neurocirujano y la psiquiatra no lo soportaban, Cosachov particularmente, lo percibía como si estuviera un escalón debajo de ella, según fuentes en el expediente. El “cuasimédico”, lo llamaban.
Hasta ahora, no constan comunicaciones comprometedoras entre el psicóloga y Morla, algo llamativo en un expediente donde hablar más de lo conveniente parece ser la norma. Por lo menos, alrededor de Díaz, los investigadores hablan de una posible negligencia, la base para acusarlo e involucrarlo en la causa. Mediante la Ley de Salud Mental, como parte del equipo que trataba el alcoholismo de Maradona, podría haber pedido la internación de Diego u otra medida y no lo hizo.
Hoy, la junta médica continúa. En su escrito final, deberán responder los 23 puntos de pericia preguntados por los fiscales. El número 23 es el más preocupante: allí, buscan saber si los médicos y cuidadores de Diego obraron con negligencia más allá del “riesgo permitido”. Si se determina que lo hicieron, entonces habrá espacio para la acusación más grave de todas en el abanico de posibilidades: homicidio simple con dolo eventual.
