Amado Boudou quedó a un paso de un nuevo juicio oral -recientemente terminó el de la causa por la falsificación de los papeles de un auto- y su situación judicial se complica cada vez más. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó que se eleve a esa instancia la causa Ciccone, en la que está acusado junto a otros cinco imputados de intentar quedarse con la imprenta de billetes.
La Sala IV no hizo lugar a los recursos de queja interpuestos por las defensas de José María Nuñez Carmona y Alejandro Vanderbroele. Los imputados llegaron a esta instancia luego de plantear una apelación en la que solicitaron la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. La Cámara Federal de Apelaciones rechazó la pretensión de Nuñez Carmona y Vanderbroele confirmando la validez de los requerimientos. Frente a esta decisión intentaron recurrir a Casación pero la Cámara les denegó el recurso por lo que acudieron en queja, planteo que también fue rechazado con los votos de los camaristas Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.
Los jueces sostuvieron que la decisión recurrida por la defensa de los imputados no cumple con el requisito que establece el Código Procesal Penal ya que no se trata de una sentencia definitiva o que ponga fin a la acción, a la pena, o haga imposible que continúen las actuaciones. Además, afirmaron que tampoco las defensas lograron demostrar el agravio que no se pueda reparar en forma posterior generado por la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones. Como consecuencia de esta resolución, ya no hay impedimentos para que Nuñez Carmona y Vanderbroele sean sometidos a juicio oral y público.
Según la acusación, el ex vicepresidente Amado Boudou -aprovechando su condición de funcionario público- y junto con la activa participación de su amigo, José María Nuñez Carmona y de Alejandro Vandenbrole, recibió -a través de The Old Fund- el 70% de Ciccone Calcográfica de parte Nicolás y Héctor Ciccone, a cambio de realizar todo lo necesario para rescatar a la empresa que se encontraba quebrada. De esta forma convertirían al negocio en redituable para ambas partes con el objetivo final de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentos públicos.
