El juez Claudio Bonadio imputó a los indagados este jueves por el caso de los cuadernos de la corrupción como integrantes de una asociación ilícitaintegrada por ex funcionarios y empresarios ligados a la obra pública.
En la imputación, a la que accedió Infobae en fuentes vinculadas a las defensas de los acusados, se señala que se los acusa de: «integrar una asociación Ilícita… la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2008 hasta noviembre del año 2015 y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».
«La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente», agrega la imputación.
«El dinero era entregado alternativamente a los titulares del poder ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411 CABA, en la Residencia Presidencial de Olivos, en la Casa de Gobierno, parte de ese dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos», contínúa.
Y sigue: «La maniobra fue organizada por Julio Miguel De Vido (entonces Ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios) y Roberto Baratta, (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Minsterio de Planificación) quienes, desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaban los cobros comprometidos. Los cobros fueron recaudados por Baratta y Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta); también participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos, Walter Fagyas (presidente de ENARSA), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del ministerio de Planificación), Hernán Camilo Gómez(funcionario de la subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación Federal) y Fabián Ezequiel García Ramón /director nacional de energías renovables y eficiencia energética del ministerio de Planificación Federal). Los nombrados en casi todas las oportunidades fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/ cobros por Oscar Bernardo Centeno, que recibía órdenes de Baratta y De Vido».
