«Junto al abogado de la Defensoría Pública, se les indagó sobre algunos elementos clave del proceso que actualmente se lleva contra ellos», detalló Fajardo, responsable de la comisión humanitaria que el Gobierno de Iván Duque envió a Puerto Príncipe, la capital haitiana.
Fajardo debe ahora hacer un informe que será enviado a las autoridades colombianas, y a la OEA misma.
Según el sitio del diario El Espectador, de Bogotá, el encuentro fue posible después de la intervención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ante las quejas de Colombia por la imposibilidad de acceder a sus ciudadanos.
El hecho generó un cruce de responsabilidades: las autoridades haitianas alegaron que no se habían hecho los trámites adecuados para el permiso que otorga en estos casos el Ministerio de Justicia, y Colombia dijo que sí se había solicitado a través de la Cancillería y la embajada en Bogotá del país caribeño «por nota verbal el 16 de julio, sin que se haya tenido respuesta» aún.
En paralelo, una carta diplomática conocida hoy muestra el reclamo de Bogotá para que Haití cumpla “la obligación moral y legal de proteger a los detenidos que están bajo su jurisdicción», según los términos en los que le escribió la vice y canciller Marta Lucía Ramírez al embajador haitiano en Bogotá, Jean Mary Exil.
Una misión consular que estuvo en pasados días en Puerto Príncipe «evidenció irregularidades» en el proceso y, según la Cancillería, algunos detenidos sufrieron heridas sin recibir la atención adecuada.
«Demandamos que se investiguen y sancionen a los autores de estas conductas lesivas de sus derechos», apuntó Ramírez en su carta, reportada por la agencia AFP.
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