¿Quién va a poner plata en la campaña del próximo año?
Y en todo caso, ¿quién la va a recaudar?
Ahora, hay dudas en la Casa Rosada. La onda expansiva de la mega investigación de los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta alcanzó al proyecto de ley de financiamiento de la política, presentado por el Gobierno cuando se conoció el caso de los aportes «truchos» en la campaña bonaerense de Cambiemos.
Si en casi todos los sectores del oficialismo había unanimidad en torno a la vuelta de los aportes de empresas durante las campañas, la fila de empresarios arrepentidos en la Justicia de las últimas semanas le agrega un manto de inquietud a esa modificación del proyecto presentado por el Gobierno.
En Diputados ya hubo dos reuniones de asesores de los distintos bloques para analizar la letra chica de la ley que además de la vuelta de las donaciones de personas jurídicas incorpora la bancarización total de los aportes y dota de mayores herramientas a la Justicia electoral, entre otras cuestiones.
Los dos encuentros de comisión se dieron en paralelo al avance de la causa que tramiten el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, y que desnudó por boca de los ex funcionarios y empresarios que confesaron un sistema de recaudación ilegal y millonario, en parte, para el funcionamiento del sistema político.
De las reuniones de asesores y de las charlas informales que diputados y funcionarios del oficialismo mantuvieron en estas semanas con la oposición, la posibilidad de levantar la prohibición de los aportes empresarios a las campañas, incorporada en la modificación del 2009, se torna cada vez más difícil de consensuar, confiaron las fuentes.
Incluso empezaron a aparecer voces contrarias en ese sentido en el seno del Gobierno. Una de ellas es la del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que en los últimos días se mostró reacio a esa modificación, y entró en cortocircuitos con parte de la cúpula partidaria del PRO.
En esa línea, en Diputados se debaten por estos días entre dejar el sistema de ingresos cómo lo establece la ley actual -aportes del Estado y donaciones de personas físicas- o ir hacia un esquema de aportes solo estatales. Una de las iniciativas presentadas por la oposición, en este caso del diputado Máximo Kirchner, plantea ese sistema. Lo mismo había planteado el ex senador Juan Manuel Abal Medina en el 2016 a través de un proyecto impulsado en la Cámara alta.
Hace dos semanas, el ex funcionario de Cristina Kirchner aseguró ante Bonadio que recibió dinero en negro en la Jefatura de Gabinete para campañas electorales.
Como sea, la vuelta de los aportes de empresas a las campañas, que desde la modificación del 2009 siguió pero en un territorio signado por la opacidad, promete ser el eje de mayor discusión entre el Gobierno y la oposición. Más allá de lo apretada de la agenda parlamentaria: la Casa Rosada enviará en las próximas semanas el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2019, clave para el programa de ajuste de Mauricio Macri.
En el Senado, mientras tanto, los tiempos y las relaciones son aún más complejas. Se descuenta que el bloque del Frente Para la Victoria sostendrá el proyecto presentado por el hijo de la ex presidente en Diputados. En el bloque de Miguel Ángel Pichetto, en tanto, aún no hay posición tomada.
Pero los tiempos son aún más complejos. Recién este miércoles, la Cámara alta podría tratar el pedido de Bonadio para allanar los domicilios de Cristina Kirchner tras dos intentos fallidos.
