La provincia de Santa Fe volvió a apoyarse en herramientas excepcionales para enfrentar una coyuntura que ya dejó de ser transitoria.
El dictamen fue elevado al ministerio de Economía de la Nación, que deberá emitir la resolución definitiva para su implementación formal.
La medida extiende la vigencia del esquema desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026 y se concentra en distritos del departamento 9 de Julio, una de las zonas más afectadas por la sequía prolongada.
Allí, la escasez hídrica impacta de manera directa tanto en la producción agrícola como en la ganadera, con consecuencias que se arrastran campaña tras campaña y reducen la capacidad de recuperación de los productores.
Alcance territorial
El respaldo nacional se inscribe dentro del marco normativo provincial instrumentado a través del Decreto Nº 3184/25, que prorrogó lo dispuesto anteriormente por el Decreto Nº 0435/25.
Ambas normas responden a un escenario de daño persistente, donde los indicadores productivos no lograron recomponerse pese a algunos episodios aislados de precipitaciones que resultaron insuficientes para revertir el cuadro general.
El alcance territorial de la prórroga incluye a las localidades de Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore.
En contrapartida, Gato Colorado y Gregoria Pérez de Denis quedaron excluidas tras constatarse una recuperación productiva que permitió dejarlas fuera del régimen excepcional, una señal puntual en medio de un contexto mayoritariamente adverso.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el aval nacional otorga previsibilidad y respaldo institucional a los productores afectados, en un momento donde las variables climáticas siguen condicionando la planificación y la inversión.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que la continuidad del régimen apunta a mitigar el impacto económico de la sequía y a sostener la actividad en una región clave para la matriz agropecuaria santafesina.
En el plano operativo, la gestión del beneficio se realiza de manera íntegramente digital a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea). Allí, los productores deben presentar la declaración jurada de daños y pérdidas para acceder a los beneficios contemplados.
El esquema simplifica los trámites para quienes ya cuentan con certificados vigentes: aquellos que se encontraban en situación de Emergencia pasan automáticamente a Desastre, mientras que quienes ya estaban en esta última condición la mantienen sin necesidad de nuevas gestiones.
El alivio se traduce principalmente en beneficios fiscales. Los productores con certificado de Emergencia acceden a la prórroga de los vencimientos del Impuesto Inmobiliario, mientras que quienes se encuentran en situación de Desastre obtienen la condonación de las cuotas correspondientes a 2025 y la primera de 2026. Además, se prevén mecanismos de devolución o crédito fiscal para quienes hayan realizado pagos que debían ser condonados.
Como complemento, el decreto provincial dispone la suspensión por 180 días del inicio y la continuidad de juicios y acciones administrativas vinculadas al cobro de impuestos, una medida que busca descomprimir la presión financiera sobre establecimientos golpeados por meses de pérdidas.
Con suelos cuarteados, cultivos comprometidos y rodeos afectados, la prórroga funciona como un puente para atravesar meses críticos, pero también como un indicador de la magnitud de un problema que excede lo coyuntural y vuelve a colocar al clima como uno de los principales condicionantes de la producción agropecuaria en Santa Fe.
Fuente TN
