Corrupción en el INCAA: Stolbizer pide que se investiguen los contratos del presidente de un club de fútbol

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La líder del GEN Margarita Stolbizer presentó hoy una denuncia penal para que se investiguen los contratos que le otorgó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a empresas del presidente del club Ferro Carril Oeste, Daniel Pandolfi, muy ligado al kirchnerismo y al PJ porteño. Infobae había revelado que los contratos fueron suspendidos a partir de una denuncia interna que destapó el vínculo directo entre el dirigente y varios empleados del instituto.

El caso más resonante es el de la empresa Century Green SA, a cargo de la limpieza de todos los edificios que dependen del INCAA. En el directorio de esa firma aparece el hijo de Pandolfi, Carlos Fernando. Según registros societarios a los que tuvo acceso este medio, el 25 de abril de 2014, el joven fue ratificado en su cargo.

Hasta 2013, cuando se mudó a Caballito, la firma declaraba domicilio en Hipólito Irigoyen 440, piso 2. En esa misma dirección funcionan al menos dos empresas del presidente de Ferro: Agrojade SA, vinculada al negocio agropecuario, y Meresis SA, donde se asoció junto a Jorge «Topo» Devoto, ex publicista de Néstor Kirchner.

Century Green estaba contratada por el INCAA desde 2009, luego de ganar una licitación, y hasta el mes pasado estaba contratada bajo la modalidad de legítimo abono.

Entre 2013 y 2016, el INCAA también contrató a Arrivals Agency Travel SA, una empresa de viajes donde nuevamente aparece el hijo y la actual pareja de Pandolfi, Paula Delmoro, empleada del INCAA.

La mujer trabajó en el sector de Compras, un área sensible donde se manejan todas las contrataciones. Su ingreso al Instituto tuvo que ver con Raúl Seguí, ex gerente de administración del organismo y un hombre de estrecha confianza de Pandolfi en el club Ferro Carril Oeste.

Con el patrocinio de la abogada Silvina Martinez, Stolbizer presentó hoy una denuncia que recayó en el juzgado de María Servini. La presentación, a la que tuvo acceso Infobae, advierte que se transgredieron las normas de la Ley 25.188 «De Ética de la Función Pública», que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública.

También pidió que se investigue si se cometieron delitos previstos en el Código Penal y que se requiera información sobre las empresas cuestionadas a la Inspección General de Justicia, ANSES y AFIP.

Desde que se conoció la denuncia interna, que ya está en poder de la Oficina Anticorrupción, en el INCAA siguen de cerca otros contratos. Concretamente, las sospechas recaen sobre la empresa Urban Logistics Services SRL, donde figura la ex cuñada de Delmoro, Viviana Balog.

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